El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado el registro como marca de un sonido similiar al de un timbre estándar -como el empleado habitualmente por los teléfonos o los aparatos electrónicos- por ser percibido como una "mera funcionalidad" de los productos y servicios para los que se solicitaba, y no como una indicación de su origen comercial.
Los procuradores participarán en la tramitación de los procedimientos de nacionalidad por residencia. Una colaboración que se concretará, según anunció ayer el Ministerio de Justicia, con la firma de un convenio entre el Consejo General de Procuradores (CGPE) y la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN).
El Ministerio de Trabajo decretó este lunes la supresión definitiva del libro de visitas, un registro que, hasta ahora, debían llevar las empresas y en el que se dejaba constancia de las diligencias fruto de la actividad de vigilancia de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS). Tanto si se trataba de actuaciones realizadas en la visita a los centros de trabajo como en las comparecencias de las empresas en las oficinas de la propia Inspección.
Los fiscales deberán vigilar el cumplimiento efectivo de la obligación del juez de revisar cada tres meses el internamiento de un menor en un centro de protección específico. Un trámite que debe contar con los informes de la entidad pública a cargo de la cual está el menor, del director del centro correspondiente y del Ministerio Fiscal. Y, además, deberá darse audiencia al afectado.
El acta de notoriedad es un título válido para acreditar el cumplimiento -o no- del hecho o acontecimiento determinante de un testamento con llamamientos condicionales. Así, aunque el artículo 82 del Reglamento Hipotecario sólo hace referencia a estos documentos para "hacer constar la extinción de la sustitución o la ineficacia del llamamiento sustitutorio, por cumplimiento o no cumplimiento de condición", la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) entiende que también son válidos para los testamentos sometidos a condición.
La Justicia europea rechaza considerar como una práctica comercial desleal la venta de ordenadores con programas preinstalados, sin dar la posibilidad al consumidor de adquirirlos por separado o sin especificar el precio de cada uno de los elementos -aparato y aplicaciones-. Así lo determina el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) en una sentencia de 7 de septiembre.
El objetivo es que la víctima de un accidente de tráfico pueda recibir la indemnización correspondiente en un plazo de dos meses, reduciendo la angustia y el coste personal y económico que supone un proceso judicial. Y que, además, durante todo el procedimiento, esté asistida por un abogado y un médico.
La presentación de la candidatura a un empleo, con el único fin de obtener la condición de candidato para después reclamar una indemnización -y no para conseguir el puesto trabajo-, debe considerarse un abuso de derecho.
La Administración adjudicataria no está obligada a publicar el método de valoración de los criterios de adjudicación contenidos en la licitación. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, no obstante, precisa que dicho método no puede "alterar los criterios de adjudicación y su ponderación relativa".
La fecha que deberá tenerse en cuenta para calcular el daño imputable a la parte incumplidora de un contrato que tenga por objeto un bien inmueble -y que, por tanto, depende del momento en que se efectúe su valoración-, es el momento en el que el demandante conoce a ciencia cierta que su derecho es firme. Esto es, cuando existe una sentencia firme que le da la razón en el litigio correspondiente y no cuando presente la demanda de reclamación por daños. Así lo determina el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia del 27 de junio.