En los últimos meses el sector agrario está siendo objeto de números ataques y campañas de desprestigio que en su mayor parte provienen de diferentes instancias gubernamentales. La última, de manos del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha generado una enorme tormenta mediática y ha provocado un profundo malestar entre los productores agrarios.
Inmersos en una de las mayores crisis económicas y de empleo que se recuerdan en nuestro país como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que estamos padeciendo, el sector agrario se erige una vez más como un revulsivo para nuestra economía porque, en un momento de paralización casi total de la vida laboral, el campo reclama entre 100.000 y 150.000 trabajadores para los próximos meses para atender a las campañas de recolección de nuestras hortalizas y frutas de verano.
Esta semana ha entrado en vigor el Real Decreto Ley 5/2020 con el que el Gobierno de Pedro Sánchez adopta medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación en respuesta a la oleada de protestas que desde hace más de un mes llevan a cabo decenas de miles de agricultores y ganaderos en pueblos, ciudades y carreteras a lo largo de todo el territorio nacional.
El Sector agrario no aguanta más. Los agricultores y ganaderos de este país han dicho “hasta aquí hemos llegado”. Arrastran desde hace años una precaria situación de bajos precios en origen que no se corresponde con los precios que el consumidor encuentra cuando hace la compra. Un litro de aceite de oliva virgen extra vale 6 veces más de lo que recibe el productor; un kilo de melocotones entre 8 y 10 veces más….
Las sociedades modernas, cada vez más urbanitas, cada vez más alejadas de la realidad de nuestros pueblos, de la realidad de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de las actividades forestales, de la caza, de la pesca… tienden a simplificar, a ignorar y, en algunos casos, incluso a atacar al mundo rural y sus actividades tradicionales que hoy, como es lógico, tienen un mayor grado de tecnificación que antaño.