Inmersos en una de las mayores crisis económicas y de empleo que se recuerdan en nuestro país como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que estamos padeciendo, el sector agrario se erige una vez más como un revulsivo para nuestra economía porque, en un momento de paralización casi total de la vida laboral, el campo reclama entre 100.000 y 150.000 trabajadores para los próximos meses para atender a las campañas de recolección de nuestras hortalizas y frutas de verano.
Solo en el Valle del Ebro, entre Aragón y Cataluña, los empresarios de la fruta de hueso necesitarán en las próximas semanas 50.000 trabajadores, primero para las tareas de aclareo de la fruta y semanas después para la recolección de las campañas de nectarinas, albaricoques, melocotones y ciruelas. Tradicionalmente, son trabajadores extranjeros procedentes del Este de Europa o del norte de África los que realizan estas recolecciones, pero las medidas decretadas por el Gobierno con el Estado de Alarma impiden la llegada de estos trabajadores.
Las últimas medidas de la ministra Yolanda Dïaz complican aún más las cosas
En esta misma situación se ven los productores de otros cultivos como son la cereza del valle del Jerte, en Extremadura; los nísperos de Alicante y hortícolas como el ajo en zonas tradicionalmente productoras como Granada, Córdoba y Cuenca, el esparrago de Guadalajara o las cebollas y patatas de Valencia. En suma, una demanda de mano de obra que asciende a más de 100.000 trabajadores temporeros necesarios para cubrir tareas esenciales e inaplazables del sector agrario para que éste pueda seguir abasteciendo a la sociedad.
Sin embargo, en estos momentos la situación en la que nos encontramos es de imposibilidad para acceder a la contratación en origen de trabajadores extranjeros y serias restricciones para que los trabajadores puedan desplazarse de una comunidad autónoma a otra. Pero por si esto no fuera suficiente, la ministra de Trabajo ha contribuido, con sus últimas decisiones, a complicar más la situación, limitando aun más la oferta de mano de obra para el sector. Primero, al recortar el número de peonadas (de 35 a 20) para cobrar el subsidio en Andalucía y Extremadura y, hace tan solo dos días, al anunciar la distribución de 236 millones de euros entre los ayuntamientos para que puedan contratar a trabajadores del campo.
Se deben flexibilizar las limitaciones que impiden contratar mano de obra local y extranjera
Esta última medida ha sido la gota que ha hecho colmar el vaso de la paciencia de los empresarios agrarios. Si bien es cierto que se trata de una medida que se aprueba todos los años con el consentimiento de los agentes sociales (son los llamados Fondos de Empleo Rural con los que los ayuntamientos dan trabajo con sus obras a los trabajadores del campo cuando están desocupados) aprobarla en estos momentos de tremendas dificultades para encontrar mano de obra en el sector agrario resulta una tremenda osadía, cuando no una grave irresponsabilidad, por parte de un Gobierno que tiene prácticamente a todo un país parado.
Desde ASAJA, reclamamos al Gobierno de la nación una respuesta efectiva para un sector con verdaderas necesidades de mano de obra (hay que recordar que el sector agrario es el sector de nuestra economía que menos empleo ha destruido el pasado mes de marzo) y que tiene la consideración de estratégico para la sociedad, por lo que requiere de soluciones inmediatas que le permitan cumplir con sus compromisos con los consumidores.
En manos del Gobierno está habilitar fórmulas que permitan trabajar en el campo de forma inmediata, flexibilizando las limitaciones que ahora lo impiden, tanto a la mano de obra local como a la extranjera. Existen muchas vías que podrían abrirse en la situación actual: el llamamiento y dinamización de los parados locales, incluidos los desempleados de larga duración de otras comunidades autónomas y los provenientes de otros sectores que han perdido temporalmente su empleo en el marco de la crisis sanitaria actual; igualmente, debería contemplarse la concesión de autorizaciones extraordinarias a extranjeros para trabajar sin limitaciones geográficas, incluidos los que vinieron a trabajar y no pueden todavía regresar a su país; incluso debería plantearse la agilización de la regularización de extranjeros sin papeles en situaciones de arraigo.
Tampoco estaría de más tomar ejemplo de lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno más cercano como Francia donde se han habilitado mecanismos de contratación ultrarrápida fuera del circuito normal; se ha abierto la posibilidad de extender la jornada de 35 a 60 horas semanales para las tareas agrícolas y precosechas y se abren posibilidades de compatibilización del trabajo agrícola con el cobro del desempleo.
En suma, se trata de buscar formulas que permitan la concatenación no solo de las campañas de recolección que están pendientes sino también de las tareas de plantación de los cultivos de verano (tomate, sandía, melón…).
No permitamos que miles de kilos de fruta de excelente calidad se queden en los árboles sin poder llegar al consumidor en un momento de crisis en el que el abastecimiento y el equilibrio de la cadena agroalimentaria son vitales para nuestra sociedad.
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