Redactora de Economía. He pasado por las redacciones de elDiario.es, Europa Press y La Información. Periodista y politóloga.
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La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo entre 2021 y 2023 aumentó las cargas sobre los salarios más altos como estrategia para equilibrarlas cuentas de la Seguridad Social. La ley impulsada por el entonces ministro del ramo, José Luis Escrivá, proyectó una subida de las bases máximas de cotización hasta mitad de siglo e incluyó la cuota de solidaridad, que desde enero grava las nóminas que superan este límite. No obstante, este techo ya acumula una subida acumulada del 30% desde el año 2018.

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El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el acuerdo para tramitar de forma urgente el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en promedio anual. Este será el pistoletazo de salida para la materialización del acuerdo suscrito con los sindicatos a finales del año pasado y al que la patronal se opone radicalmente, por lo que todas las miradas se posan en Junts, que tendrá la llave de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Hace casi un año, en plena negociación, las organizaciones empresariales trasladaron que Carles Puigdemont les había garantizado su rechazo a la medida estrella de Yolanda Díaz, sin embargo, los últimos movimientos del partido han sembrado la duda en diferentes patronales consultadas por elEconomista.es.

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El Ministerio de Trabajo subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4,4% hasta llevarlo a 1.184 euros brutos en 14 pagas, una cifra que se queda lejos del porcentaje propuesto por los empresarios (3%) y también del reclamado por los sindicatos (5% o 6%) hasta la última fase de este diálogo, cuando CCOO y UGT han decidido respaldar este incremento a cambio de negociar en un plazo de dos meses la transposición de la directiva de salarios mínimos. Yolanda Díaz se ata a la recomendación más alta ofrecida por los expertos, pese a la contraoferta de CEOE, por lo que esta será la cuantía que se apruebe en Consejo de Ministros en las próximas semanas.

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del año pasado deja un balance positivo en términos anuales, pero pone de relieve que el sector público fue el único responsable de que se creara empleo en los últimos meses de 2024. Entre octubre y diciembre, las administraciones públicas sumaron 50.400 trabajadores más a los que tenían al fin del verano hasta llevar el total cerca de los 3,6 millones. En cambio, el balance de las empresas del sector privado se cerraba en negativo, con 15.600 empleados menos, por lo que los casi 35.000 puestos de trabajos creados en este periodo se deben al impulso del sector público y no al poso que suele dejar la campaña de Navidad en el comercio.

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Mes tras mes, el gasto en pensiones bate el récord de gasto y enero no ha sido una excepción. La Seguridad Social ha desembolsado 13.432 millones de euros para cubrir las nóminas de los 9,3 millones de pensionistas, a los que ha aplicado la revalorización del 2,8% o del 6% en el caso de las mínimas y del 9% para las no contributivas que no podrá materializar a partir de febrero si no reúne el apoyo de sus socios en el Congreso de los Diputados. Así el presupuesto destinado crece un 3,5% respecto al mes de diciembre (sin tener en cuenta la pensión extraordinaria) y un 6,17% más que en el mismo mes del año anterior, mientras la pensión media supera por primera vez los 1.304 y en el caso de las de jubilación, escala a 1.498 euros.

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El Gobierno tiene previsto cerrar esta semana el incremento del salario mínimo para 2025, sin vistas de que pueda consensuar una cifra con la patronal en la última reunión, al haber rechazado la oferta de los empresarios para elevarlo un 3% por considerarla que resultaba "insuficiente". Todo apunta a que el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, aplicará un alza del 4,4% de acuerdo con la recomendación más alta de los expertos y por debajo del 5% o 6% que exigían los sindicatos. Este se traducirá en un nuevo esfuerzo para las empresas, que han visto crecer un 62% el coste mínimo de contratar a un empleado desde 2018 (cotizaciones incluidas).

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El Gobierno agradece que la patronal manifieste una posición clara en la mesa para negociar el incremento del SMI, pero tacha de "insuficiente" el porcentaje sugerido por los empresarios. CEOE y Cepyme hicieron una contraoferta al Ministerio de Trabajo en la reunión de esta tarde. Las opciones de llegar a un acuerdo eran prácticamente nulas, pero la cúpula de CEOE decidió este miércoles proponer una subida del SMI del 3% (34 euros) que lo llevaría hasta 1.168 euros brutos en 14 pagas vinculada a dos condiciones: reformar la ley de desindexación que impide que las empresas que tienen contratos con el sector público puedan repercutir los costes y bonificar las cotizaciones del campo, por ser el sector más afectado por los incrementos de costes laborales.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha celebrado la decisión que presumiblemente tomará esta tarde Banco Sabadell de retornar su sede a Cataluña cuando han transcurrido siete años desde que optó por llevar a cabo el camino contrario y moverla a Alicante en pleno procés. El líder de los empresarios catalanes ha avanzado que otras grandes empresas seguirán esta estela en los próximos dos años, aunque ha rechazo desvelar nombres en un encuentro informal mantenido con periodistas este miércoles, lo que espera que contribuya a que Cataluña recupere el liderazgo económico a nivel nacional a medio plazo.

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El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, se mantiene firme pese a los movimientos del líder de CEOE, Antonio Garamendi, para invitarle a dejar su cargo al frente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas. El empresario granadino confirmó ayer al Comité Ejecutivo de su organización que se presentará a las elecciones que la asociación tiene que celebrar a lo largo de este año y para las que aún no se ha fijado una fecha concreta, después de que el propio Garamendi le confirmara en la reunión mantenida entre ambos este martes que ya tiene un nombre con el que impulsar una candidatura alternativa más afín al liderazgo actual de CEOE.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi quiere un relevo al frente de Cepyme, así se lo ha trasladado a Gerardo Cuerva en la reunión mantenida entre ambos líderes este martes en la que le ha confirmado que ya tiene un nombre para presentar una candidatura alternativa a las elecciones que la organización de las pequeñas y medianas empresas tiene que celebrar este 2025. No obstante, según ha podido saber elEconomista.es, el presidente vasco quiere contar con el granadino para el futuro de CEOE, por lo que le ha ofrecido una vicepresidencia internacional con gran proyección al extranjero a cambio de pasar el testigo de Cepyme a su candidato.