La firma del acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas con CCOO y UGT da un año a los negociadores de patronal y sindicatos para acordar cómo implementar este recorte del tiempo de trabajo, si el texto consigue reunir los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados. La firma escenificada este viernes abre una nueva fase para la negociación de este cambio incluido en la hoja de ruta del Ejecutivo progresista, que pasa al plano político donde fuentes de la negociación esperan que se introduzcan nuevas ayudas a las pymes como gesto para convencer a los siete diputados de Junts.
Tras el enfrentamiento entre los ministerios de Economía y Trabajo escenificado en la última semana, se dio a conocer el documento definitivo en el que se incluyó una disposición transitoria primera que detalla cómo se aplicará el cambio, como adelantó 'El Mundo'. "Las comisiones negociadoras de los convenios colectivos que a la entrada en vigor de esta norma contemplen una jornada superior a las treinta y siete horas y media semanales de promedio anual, dispondrán de un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en esta norma, en particular, respecto a lo establecido respecto a la jornada ordinaria de trabajo máxima".
La transitoriedad ya fue una de las claves abordadas en la mesa de negociación bipartita (entre patronal y sindicatos) que se dio por zanjada a comienzos de año, cuando el Ministerio de Trabajo convocó el diálogo a tres. Por ello, fuentes sindicales trasladan a elEconomista.es que esta cláusula no parte de la imposición del departamento de Carlos Cuerpos, sino que fue propuesta por los representantes de los trabajadores que quieren evitar una ruptura en la negociación colectiva.
Esta era también una de las claves señaladas por CEOE y Cepyme, que se habían opuesto a una imposición de la reducción de la jornada por ley por el impacto que tenía en los convenios que estuvieran vigentes, con subidas salariales proyectadas para varios ejercicios. Los negociadores de la patronal veían oportuno extender este límite hasta el fin del periodo en el que el convenio tenía efectos económicos, no obstante, los representantes de CCOO y UGT se negaron a esta posibilidad, puesto que en la práctica suponía retrasar la reducción de la jornada laboral hasta el 2028 o 2029 en los acuerdos laborales recién firmados. Además, planteaba un problema para aquellos que se encontrasen en ultraactividad.
El texto acordado finalmente da unos meses de margen, suponiendo que se cumplan los planes del Gobierno de aprobarla en primavera, pero no llegan a este extremo. Esta es precisamente la dirección en la que había apuntado el titular de Economía en sus últimas intervenciones públicas, que fueron bien recibidas por los empresarios, por entender que la aplicación gradual era mucho más coherente que la entrada en vigor según se publicara en el BOE que había abanderado Díaz. Si bien, con la redacción actual, técnicamente ambas afirmaciones son ciertas.
No obstante, las fuentes de la patronal consultadas explican que este margen no será suficiente para que respalden la medida, ya que a fin de cuentas, es una imposición a la negociación colectiva. Tampoco supone un cambio significativo para los siete diputados de Carles Puigdemont, que serán determinantes para sacar adelante el proyecto de ley en el Congreso. Es por ello que los firmantes dan por sentado que se harán nuevas incorporaciones al documento que irán dirigidas a conseguir estos votos a favor, para lo que esperan que se recuperen las ayudas a pymes y el plan de acompañamiento que ya se ofrecieron a las patronales de Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva en la primera fase de la negociación.
En esta materia, la posición de Foment del Treball estaba totalmente alineada con la opinión mayoritaria en la sede de CEOE y fuentes empresariales aseguraron tener el compromiso de que el grupo de Miriam Nogueras votaría en contra. Sin embargo, los acercamientos de Díaz a Pimec, la patronal catalana integrada a nivel nacional en Conpymes y que tiene una importante influencia en los posconvergentes, han puesto en alerta a los empresarios con sede en Madrid que temen que Junts pueda respaldar la reducción por ley a cambio de ayudas para las pymes.
La patronal de Antoni Cañete no se mostró más favorable que el resto de organizaciones empresariales en los primeros contactos con la ministra de Trabajo, pero frente al 'no' rotundo orquestado desde CEOE, se inclinan por negociar medidas dirigidas a la pequeña y la mediana empresa en la tramitación parlamentaria del acuerdo cerrado ayer con los sindicatos. Precisamente, esta es la dirección en la que apuntan fuentes próximas a Díaz, que creen que la formación catalana se equivocaría si obedece a "la patronal española en Cataluña" y mantienen conversaciones "al más alto nivel" para evitarlo.
