El Gobierno tiene previsto cerrar esta semana el incremento del salario mínimo para 2025, sin vistas de que pueda consensuar una cifra con la patronal en la última reunión, al haber rechazado la oferta de los empresarios para elevarlo un 3% por considerarla que resultaba "insuficiente". Todo apunta a que el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, aplicará un alza del 4,4% de acuerdo con la recomendación más alta de los expertos y por debajo del 5% o 6% que exigían los sindicatos. Este se traducirá en un nuevo esfuerzo para las empresas, que han visto crecer un 62% el coste mínimo de contratar a un empleado desde 2018 (cotizaciones incluidas).
En este periodo, la renta mínima ha crecido sustancialmente y lo ha hecho por encima de la evolución media de los precios, lo que ha permitido que estos trabajadores ganen poder adquisitivo al tiempo que ha puesto en un aprieto a sectores como el campo o las compañías que prestan servicios a la Administración Pública y que no han podido repercutir estos incrementos. Este umbral estaba situado en 735,9 euros al mes a la llegada de Pedro Sánchez y todo apunta a que en las próximas semanas escalará hasta los 1.184 euros brutos al mes, un alza del 60% en siete años que ha ido acompañada de un avance de las cotizaciones sociales, a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) introducido en la última reforma de las pensiones.
Esto significa que el coste mínimo de incorporar a un trabajador crecerá hasta los 22.318 euros tras la nueva subida, según los cálculos de Cepyme, frente a los 13.802 euros que tenía que destinar una compañía como mínimo para pagar la nómina de un trabajador. Es decir, la diferencia será ya del 61,7%, casi dos puntos porcentuales más de lo que ha crecido el SMI en términos brutos (60%), debido al efecto de las cotizaciones sociales.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas calcula que en promedio, las compañías destinarán 5.742 euros al abono de las cuotas a la Seguridad Social a partir de un tipo del 34,65%. Este porcentaje varía en función del sector y del subsector en el que la compañía desarrolla su actividad, puesto que la base de cotización por contingencias profesionales para accidentes y enfermedades profesionales oscila entre el 0,9% y el 7,25%.
Y la patronal que encabeza Gerardo Cuerva ha optado por usar el tipo del 4,08% como punto medio para avanzar el impacto del nuevo alza del SMI. A este se suma el 23,6% aplicado en concepto de contingencias comunes, el 5,5% por desempleo, el 0,2% del Fondo de Garantía Salarial, el 0,6% de formación y el 0,67% del MEI, si se recupera el incremento previsto en la última fase de la reforma de pensiones y que estaba recogido en el decreto ómnibus que decayó la semana pasada.
De esta forma, el incremento de 50 euros al mes que Yolanda Díaz puso sobre la mesa de negociación y 700 en términos anuales brutos, se traduce en que a las empresas les costará, como mínimo, 975 euros más contratar a un trabajador (68,3 euros si se divide en 14 pagas) respecto a 2024. Si se compara con el inicio del periodo señalado, estas tienen que abonar 8.516 euros al año más por trabajador, cerca de un 40% más que en el año 2018. Una diferencia que de nuevo, viene dada por las actualizaciones de la cuantía del salario mínimo puesto que los tipos aplicados a este rango salarial se han mantenido constantes, con la única excepción del MEI.
Las organizaciones empresariales intentaron aminorar este impacto poniendo sobre la mesa una oferta de subir el SMI un 3% a cambio de introducir compensaciones al campo, ya fuera mediante ayudas o bonificaciones a las cotizaciones, y de reformar la ley de desindexación, por ser el obstáculo que impide revisar los precios en los contratos firmados con las administraciones. Esta propuesta, rechazada tanto por los sindicatos como por Trabajo no habría evitado un nuevo alza del coste mínimo, pero si lo habría contraído en algo más de un punto, al tiempo que remediaría parte de los efectos negativos asociados a esta.
Mantiene la incógnita del IRPF
Durante estos años, los trabajadores que percibían el SMI solo veían reducido su salario neto por las cotizaciones que les correspondiese abonar a la Seguridad Social. En cambio, no tenían que pagar el IRPF puesto que el Gobierno ajustaba el mínimo exento cada año con el fin de que la mejoría de salario fuera destinada íntegramente (o casi) al bolsillo del trabajador. No obstante, dado el alcance que ha adquirido este salario que ya afecta a 2,5 millones de trabajadores, este año el Ministerio de Hacienda se está replanteando si realiza el ajuste.
Esta duda ha protagonizado la mesa de negociación, puesto que ha dividido las posturas de los sindicatos. UGT lanzó un comunicado en el que se negaba a apoyar un incremento que no estuviera libre de este impuesto, mientras que CCOO aboga por aprobar una subida mayor porque "antes o después" tendrán que abonarlo. Los dos sindicatos instaron al Gobierno a aclarar esta cuestión antes de cerrar la mesa.
El Ministerio de Trabajo defiende que el mínimo exento tiene que volver a ajustarse, sin embargo, no puede garantizarles que se vaya a hacer puesto que excede de sus competencias. Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo explican que este fue un cambio por el que pelearon al pactar por primera vez con el PSOE como Unidas Podemos y que no es la primera vez que María Jesús Montero trata de poner fin a esta exención fiscal.
Debido al diseño del impuesto, si finalmente no se hace este ajuste, estos trabajadores tributarían a un tipo superior al 40% por la parte de la renta comprendida entre los 15.876 euros (el actual mínimo exento) y los 16.576 euros en los que se situaría el SMI en 2025. Esto se traduce en una recarga de algo más de 40 céntimos por cada euro que pase este límite hasta rozar los 21.00 euros brutos, lo que actualmente perjudica a los trabajadores con salarios muy próximos al SMI. Así, estos trabajadores abonarían unos 300 euros a Hacienda, lo que supondría destinar el 43% de la mejora salarial al abono del IRPF. Algo que se evitaría si finalmente se aplica la regla de los ejercicios anteriores y se equipara al SMI anual.