La reformulada Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda nace coja. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y sus socios genera dudas sobre su viabilidad. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen competencias sobre alguno de los puntos más polémicos, como delimitar las zonas tensionadas de sus territorios. Desde hace meses, las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León) se han posicionado claramente en contra de la ley a la que tildan de "atentado contra la propiedad", y han repetido su intención de no ponerla en marcha e incluso de acudir a los tribunales.