La desigualdad económica provocada por la injusta distribución de la renta está fragmentando la sociedad española hasta un punto insospechado. La aparición de bolsas de pobreza tercermundista en todas las regiones pone al descubierto el fracaso de nuestro modelo de protección social, por lo que no es desacertado afirmar que la "justicia social", un concepto que se encuentra íntimamente ligado al de Estado de Bienestar, es un principio cada vez más olvidado por nuestros gobernantes.

El optimismo del Gobierno contrasta con el progresivo empobrecimiento de las familias, la pymes y los autónomos españoles, que deben hacer frente a una devaluación interna imparable y a unos impuestos confiscatorios. Las cifras macroeconómicas experimentarán una ligera mejoría en 2014, pero la recuperación de nuestro país, sobre todo en lo concerniente a la creación de empleo, será muy lenta y, por desgracia, dolorosísima.

El Estado del Bienestar actual está tan obsoleto como desequilibrado y por eso eso hay que reinventarlo, ya muchas prestaciones y servicios derivados del mismo no llegan al destino adecuado. Los ciudadanos gozan cada vez de menor protección social por parte del Estado en un momento en el que la crisis ha aumentado las necesidades asistenciales de las familias españolas.

Las pymes, los autónomos y los trabajadores y ciudadanos en general se han convertido en esclavos fiscales del siglo XXI, ya que este año deberán afrontar una nueva subida de las cotizaciones sociales.

Los políticos han venido engañando a los ciudadanos en nombre de una Constitución que no respetan y de un falso Estado de Derecho que les ampara a costa de desporteger a las personas corrientes. España es una partitocracia disfrazada de democracia.