El negocio principal de muchas empresas catalanas ha consistido tradicionalmente en apoyar el movimiento independentista. Y, por ende, las exigencias soberanistas del gobierno autonómico de turno. Este posicionamiento político adoptado por una gran parte del empresariado catalán siempre ha estado ligado a objetivos económicos.

Cuantas más carencias tiene la democracia de un país, mayor y más peligrosa es la influencia que ejerce la política en la economía. Y menores, por tanto, son las posibilidades tanto de desarrollo empresarial como de crecimiento económico del mismo.

Antes de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, Cataluña era una de las regiones que más crecían económicamente de España. En concreto, entre septiembre de 2016 y el mismo mes de 2017, el PIB catalán creció un 3,6%. Por encima de la media de España, que mantuvo en este periodo de tiempo un crecimiento del 3,1%. Y sólo superado por la Comunidad Valenciana, cuyo crecimiento fue del 3,8%.

Los españoles desconocen realmente si se ha producido un supuesto pacto encubierto entre los separatistas catalanes y el Gobierno legítimo de España. Un acuerdo que, supuestamente, habría culminado con la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. E, igualmente, con la aplicación de un Artículo 155 a medida.

Cataluña se ha convertido en una comunidad autónoma socialmente fracturada y con un alto nivel de inseguridad jurídica. La convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas provocaría que se celebrasen sin unas mínimas garantías democráticas, y no serviría para reinstaurar el orden constitucional en la región.