Tal y como muchos españoles preveíamos, la estrategia del Gobierno del PP para frenar el separatismo catalán ha fracasado estrepitosamente. Recordemos que esta fracasada estrategia fue diseñada en gran parte por el PSOE, y apoyada al principio por Ciudadanos, aunque este partido se desmarcó de ella con posterioridad.
El único aspecto positivo que está reportando el independentismo catalán es el resurgimiento de un profundo sentimiento patriótico, en clave de amor a España y a sus símbolos. Sobre todo, a nuestra gloriosa bandera nacional.
En la década de los 60 y 70 del Siglo XX, cerca de un millón de andaluces emigraron a Cataluña al objeto de encontrar un empleo. Tan relevante fue este movimiento migratorio interno en España, que a Cataluña se le llegó a denominar "la novena provincia de Andalucía".
El secretario general del PSC, Miguel Iceta, ha solicitado al Gobierno la condonación de la deuda que Cataluña debe al Estado español. Esta solicitud se debe principalmente a que Cataluña ha realizado un gran esfuerzo para intentar cumplir su objetivo de déficit público.
El negocio principal de muchas empresas catalanas ha consistido tradicionalmente en apoyar el movimiento independentista. Y, por ende, las exigencias soberanistas del gobierno autonómico de turno. Este posicionamiento político adoptado por una gran parte del empresariado catalán siempre ha estado ligado a objetivos económicos.
Cuantas más carencias tiene la democracia de un país, mayor y más peligrosa es la influencia que ejerce la política en la economía. Y menores, por tanto, son las posibilidades tanto de desarrollo empresarial como de crecimiento económico del mismo.
Antes de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, Cataluña era una de las regiones que más crecían económicamente de España. En concreto, entre septiembre de 2016 y el mismo mes de 2017, el PIB catalán creció un 3,6%. Por encima de la media de España, que mantuvo en este periodo de tiempo un crecimiento del 3,1%. Y sólo superado por la Comunidad Valenciana, cuyo crecimiento fue del 3,8%.
Los españoles desconocen realmente si se ha producido un supuesto pacto encubierto entre los separatistas catalanes y el Gobierno legítimo de España. Un acuerdo que, supuestamente, habría culminado con la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. E, igualmente, con la aplicación de un Artículo 155 a medida.
Cataluña se ha convertido en una comunidad autónoma socialmente fracturada y con un alto nivel de inseguridad jurídica. La convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas provocaría que se celebrasen sin unas mínimas garantías democráticas, y no serviría para reinstaurar el orden constitucional en la región.
Ni el Gobierno, ni el resto de partidos, ni los medios de comunicación subvencionados lo han reconocido, pero el proceso independentista catalán culminó el pasado 10 de octubre. Esta es la fecha en la que Puigdemont declaró la independencia de Cataluña en el Parlament.