El secretario general del PSC, Miguel Iceta, ha solicitado al Gobierno la condonación de la deuda que Cataluña debe al Estado español. Esta solicitud se debe principalmente a que Cataluña ha realizado un gran esfuerzo para intentar cumplir su objetivo de déficit público.
El Consejo Regulador del Cava, gestionado por las bodegas catalanas del sector, ha propuesto al Ministerio de Agricultura restringir las nuevas plantaciones de cava en todas las regiones españolas, excepto en Cataluña. Es decir, vetar el cava no catalán en España.
El objetivo que persigue dicho consejo regulador es que las nuevas empresas pujantes del sector del cava, sobre todo las extremeñas, valencianas, castellano manchegas, etc., no puedan ganar más cuota de mercado.
La patronal catalana, Fomento del Trabajo, ha pedido al Gobierno incentivos económicos para Cataluña, al objeto que las empresas huidas puedan volver a esta región con plenas garantías de éxito.
Aferrarse a los privilegios
Estas tres propuestas, ideadas por un partido político que es independentista si conviene serlo y no lo es cuando no conviene, y de dos organizaciones de perfil pseudoempresarial, retratan fielmente al establishment de Cataluña.
Podemos deducir que la mayor parte de los líderes políticos y empresariales (y del mundo de los medios de comunicación) de Cataluña no están dispuestos a cambiar el modelo de gestión tradicional, basado en las subvenciones, los aranceles, etc.
Sigue vigente la estrategia consistente en exigir dinero público o medidas empresarialmente anticompetitivas para beneficio exclusivo de Cataluña. Una estrategia, que mientras beneficia a esta comunidad autónoma, perjudica al resto de autonomías españolas.
Todo ello a pesar de lo ocurrido durante el proceso separatista, culminado con la declaración de independencia y la aplicación del Art. 155 CE (si bien es cierto que la activación del mismo haya sido en versión extralight).
Un sistema medieval
Cuando un sistema se desmorona, salen a la luz las carencias de las que adolecía. Así, los injustos y antidemocráticos privilegios de los que ha disfrutado históricamente Cataluña (al igual que el País Vasco y Navarra) son los que han hecho grande a esta región.
Si no fuera por las concesiones políticas y económicas, producto del eterno chantaje al Estado por parte de los diferentes gobiernos independentistas, Cataluña nunca se hubiera posicionado como una de las regiones más ricas de España.
Sin embargo, es posible que a partir del 21-D, la concesión de más privilegios a Cataluña conlleve un coste electoral, que sufrirá el partido que ostente el gobierno de España.
Puesto que, el proceso separatista catalán ha provocado que muchos españoles se hayan percatado de que el Estado de las autonomías es, además de autodestructivo, un modelo territorial que potencia las desigualdades entre regiones.
En base a ello, la intención de voto, en clave nacional, podría decantarse a partir de ahora por aquellas formaciones que defiendan la igualdad entre todas las autonomías. Y, por ende, la igualdad entre todos los españoles.
El nuevo escenario
Este novedoso escenario político, en el que se penalizaría electoralmente al partido del Gobierno que concediera privilegios a Cataluña, unido al deterioro económico que está causando el proceso independentista, cuyas consecuencias serán más evidentes a medida que pasen los meses e, incluso, los años, podría convertir a esta región en una de las más pobres de España.
Unas consecuencias económicas que ya se están dejando notar. De hecho, el Gobierno ha rebajado en tres décimas la estimación de crecimiento del PIB de Cataluña en relación al ejercicio 2018 (del 2,6% al 2,3%).
Del mismo modo, el ejecutivo ha incrementado en una décima su estimación para el próximo año respecto al déficit de Cataluña (del 2,2% al 2,3%).
La marca región
Al margen de la fiabilidad de estas estimaciones macroeconómicas del Gobierno, es indudable que las regiones, en este caso Cataluña, al igual que los países y las empresas, poseen activos intangibles difíciles de cuantificar, tanto si incrementan su valor como si los mismos se devalúan.
Debido al proceso independentista y sus derivados en forma de inseguridad jurídica, inexistente libertad económica, incertidumbre política, etc., Cataluña es una marca súper devaluada internacionalmente y a todos los niveles.
En este sentido, es complicado calcular los efectos que en el próximo lustro o década tendrá tal devaluación respecto al sector turístico, las inversiones extranjeras, la creación de nuevas empresas, el establecimiento de multinacionales, etc.