Cataluña se ha convertido en una comunidad autónoma socialmente fracturada y con un alto nivel de inseguridad jurídica. La convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas provocaría que se celebrasen sin unas mínimas garantías democráticas, y no serviría para reinstaurar el orden constitucional en la región.
Además, los comicios autonómicos tampoco serían capaces de cerrar la fractura social que ha dividido esta región entre secesionistas y catalanistas españoles.
La estigmatización del 155
Aun así, el PSOE apuesta por paralizar el Artículo 155, es decir, no aplicar el mismo, en el hipotético caso que Puigdemont convocara unas elecciones autonómicas anticipadas. El posicionamiento del PP y Ciudadanos se encuentra próximo al esgrimido por el PSOE, aunque con matices.
Para dejar inactivo el Artículo 155, el Gobierno y el partido de Albert Rivera exigirían al todavía presidente de la Generalitat, además de la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas, una vuelta a la legalidad democrática por parte del Govern.
Sin duda, al exhibir públicamente tales planteamientos políticos, la partidocracia constitucionalista se ha vuelto a retratar una vez más.
Porque, en virtud de lo anterior, es factible deducir que la opción que más satisfaría a los tres partidos denominados constitucionalistas sería la relativa a una convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Puigdemont. Todo ello, al objeto que la aplicación del Artículo 155 pudiera paralizarse.
Unas elecciones no ocultarían el golpe de Estado
En otras palabras, la partidocracia entiende que una convocatoria de elecciones en Cataluña podría ocultar el golpe de Estado cometido por los separatistas catalanes.
Hasta el punto de identificar la proclamación de la independencia de Cataluña, declarada por Puigdemont el 10 de octubre en el Parlamento catalán, con una terrible pesadilla golpista, que nunca llegó a ocurrir en la realidad.
De todos modos, los cobardes posicionamientos de la partidocracia, en relación a la aplicación del Artículo 155, no pueden sorprender a estas alturas a la opinión pública.
Tan es así, que el Gobierno, tras conceder a Puigdemont varias oportunidades para volver a la legalidad, decidió iniciar la tramitación relativa a la aplicación del 155 cuando no le quedó más remedio, al coincidir tres factores fundamentales: el ya histórico y patriótico discurso del Rey, en el que Felipe VI abogó por la aplicación de la Constitución en Cataluña ("Vienen tiempos duros...", dijo Su Majestad el Rey de España). La defensa del Artículo 155 por parte de la Comunidad Europea. Y el apoyo a la aplicación del mismo por parte de los otros dos partidos constitucionalistas: Ciudadanos y, sobre todo, el PSOE.
El PSOE ha mantenido permanentemente una posición contraria a la aplicación del Artículo 155. Solo ha accedido a apoyar al Gobierno, apostando por la aplicación de una versión edulcorada del citado artículo, cuando políticamente no tenía otra opción.
Y Ciudadanos, aunque al principio del órdago secesionista se mantuvo reacio a apoyar la aplicación del 155, una vez avanzado el proceso separatista ha sido el partido que más ha apostado por la ejecución del citado artículo. Sin embargo, el principal objetivo que ha perseguido Ciudadanos, desde el inicio del proceso de secesión, es la convocatoria de elecciones en Cataluña.
Puigdemont está acorralado
Puigdemont se encuentra en una encrucijada. De hecho, a CUP no le ha agradado la invitación que el Senado ha hecho llegar al presidente de la Generalitat para que este pueda presentar alegaciones en contra de la aplicación del Artículo 155.
Recordemos que el vicepresidente de la Cámara Alta, a través de la mencionada invitación, ha comentado de forma pública que sería un honor para esta institución que el sedicioso Puigdemont se dignara a comparecer en ella.
Por supuesto, CUP tampoco apoya la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña. En consecuencia, Puigdemont se quedaría políticamente aislado si convocara elecciones autonómicas. Por el contrario, si no las convocase, debería enfrentarse al Artículo 155 (y al Código Penal).
¿El modelo autonómico no se toca?
En realidad, lo que está en juego es la supervivencia de nuestro sistema político, tal y como lo conocemos. Puesto que, contradictoriamente, una exitosa aplicación del Artículo 155 de la Constitución devolvería la legalidad a Cataluña, pero también representaría el gran fracaso del Estado de las autonomías.
Debido a que una correcta aplicación del Artículo 155 evaporaría la esencia del malvado Régimen del 78, un modelo gerencial de perfil partidocrático y basado en un sistema favorecedor de la corrupción. Tan beneficioso para la casta política como perjudicial para los ciudadanos.
Considerando la cobardía demostrada por la partidocracia, lo mejor que le puede suceder a España y a Cataluña es que Puigdemont no convoque elecciones anticipadas. De este modo, el Artículo 155 seguiría su curso legal.
Un golpe de Estado se combate a través de la fuerza legal del propio Estado golpeado. De cualquier otra forma, los golpistas partirían con ventaja para salir vencedores de la contienda.
Cataluña debe ser intervenida por un plazo de tiempo indeterminado, que se debería agotar en el momento que la autonomía recuperase la seguridad jurídica perdida y se hermanara de nuevo la ciudadanía.
Por consiguiente, la aplicación del Artículo 155 debería perseguir, entre otros muchos, los siguientes objetivos:
- Desmontar la corrupta y subvencionada red política clientelar creada por el independentismo catalán. Una red tejida por mediación de la elefantiásica y despilfarradora Administración paralela de Cataluña. La más insostenible, a nivel económico, junto con la de Andalucía, de todas las administraciones paralelas autonómicas.
- Cerrar las 15 costosísimas embajadas catalanas, situadas en el exterior de España y financiadas con los impuestos de los españoles. Disolver la policía autonómica. Precintar TV3, Catalunya Radio, etc. Permitir la enseñanza en castellano. Etc.
El hándicap autonómico no termina en Cataluña
Una vez desintoxicada Cataluña y a salvo de la amenaza independentista, la partidocracia debería abordar un asunto vital en aras de que España pudiera seguir siendo una nación indisoluble: la cuestión autonómica.
Para ello, nada mejor que celebrar un referéndum sobre el modelo territorial, en el que los españoles pudieran expresar si desean que el Estado autonómico siga vigente.