La crisis política y económica de España está generando novedosos estratos sociales. Y la pertenencia a un estrato u otro viene definida por la diferencia que existe entre estar protegido por el sistema o ser expoliado por el mismo.
La actual propaganda económica del Gobierno está basada en los brotes verdes macroeconómicos y consiste en difundir un mensaje centrado en la incipiente, aunque no segura, recuperación económica de España. Pero el Gobierno, al objeto de ser creíble ante la ciudadanía, debería hacer gala de una actitud más cercana al denominado "optimismo realista".
Los ciudadanos hemos aprendido gracias a la crisis que debemos tener más conocimientos financieros para evitar que nos engañen y que parte de nuestro sistema político es el origen y la causa de la mayoría de los males que nos azotan. Banqueros aviesos y políticos corruptos y sin mucha preparación han provocado el desempleo y la miseria de millones de españoles.
Aunque el Gobierno ve síntomas de recuperación y brotes verdes, lo cierto es que las pymes, los autónomos y las familias, cuya visión se fundamenta en la economía de la calle, no aprecian mejoras en absoluto. Porque una cosa es que los datos macroeconómicos vayan mejorando muy lentamente y otra bien distinta que se hayan terminado los impuestos confiscatorios, los cierres diarios de comercios, el desempleo y la falta de alternativas para los parados, la pobreza infantil, los concursos de acreedores, la corrupción...
Cuando una empresa depende únicamente de condiciones exógenas para competir y no tiene perfilada ni una estrategia ni un modelo de negocio innovador, seguramente y a largo plazo, el mercado la penalizará. Pues esta regla es perfectamente aplicable a España, puesto que el Gobierno ha supeditado nuestra economía a la evolución de factores externos: el comercio exterior, el turismo internacional y la recuperación económica de la Eurozona.
Si el verdadero objetivo del Gobierno, en relación a la nueva Ley de Emprendedores, fuera potenciar el emprendimiento y ayudar económicamente a los autónomos, extendería la tarifa plana de 50 euros a todo el colectivo y no únicamente, tal y como contempla la citada normativa, a los nuevos autónomos que se den de alta en el RETA a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley.
Existe un claro déficit de identificación, representatividad y liderazgo por parte de determinadas asociaciones y organizaciones empresariales, cuyos objetivos deberían estar centrados en apoyar las exigencias de los autónomos y las pymes ante el gobierno de turno en lugar de compadrear con el poder.
Las empresas ganadoras poseen tanto un modelo de negocio deferenciado y difícilmente replicable como un plan estratégico (cada vez planificado a más corto plazo) que les permite posicionarse en el mercado y crecer aportando valor añadido. Del mismo modo, las naciones también deben diseñar su propio modelo de crecimiento en función de sus propias ventajas competitivas.
La forma que tiene el Gobierno de ayudar a las pymes y a los autónomos es absolutamente contradictoria. Sirva como ejemplo el "Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013" o la modificación del "Fondo de Ayuda al Comercio Interior". Estos programas de ayuda pretenden potenciar la innovación, la competitividad, las ventas o las inversiones del comercio minorista, y para ello el Gobierno pondrá a disposición de los empresarios del citado sector 28,68 millones de euros.
¿Puede tener éxito la nueva Ley de Emprendedores en un entorno marcado por la economía de la subvención, los impuestos confiscatorios, el intervencionismo estatal y el gasto público improductivo?