La desigualdad económica provocada por la injusta distribución de la renta está fragmentando la sociedad española hasta un punto insospechado. La aparición de bolsas de pobreza tercermundista en todas las regiones pone al descubierto el fracaso de nuestro modelo de protección social, por lo que no es desacertado afirmar que la "justicia social", un concepto que se encuentra íntimamente ligado al de Estado de Bienestar, es un principio cada vez más olvidado por nuestros gobernantes.
Igualmente, nuestro proyecto de Estado de Derecho no funciona. La ley no es igual para todos puesto que la Justicia ha sido politizada anticonstitucionalmente para proteger a los privilegiados del sistema. Y tampoco se confía ya en las enfermas instituciones públicas porque hace muchísimo tiempo que fueron contagiadas, de forma absolutamente epidémica, por un devastador virus denominado corrupción política.
Al respecto, resaltar que el fenómeno conocido como "estallido social", aunque está asociado a una situación de deterioro económico, aparece siempre enmarcado en un contexto definido por el desprestigio y la falta de transparencia de las instituciones.
Además, y por si fuera poco, determinados medios de comunicación, vendidos al poder político, están contribuyendo de manera servil a degenerar aún más nuestro sistema antidemocrático.
Como consecuencia de todo ello, los ciudadanos están llegado a la conclusión de que España debe ser reconstruida económica, política y moralmente. Pero esta reedificación no la llevarán a cabo los dos principales partidos políticos españoles.
En el área de la economía, determinadas decisiones que han adoptado los dos últimos gobiernos, como por ejemplo luchar contra el déficit por la vía de la subida de impuestos sin reducir el gasto público-político improductivo y una estructura estatal insostenible, han endeudado a España y provocado la asfixia del sector privado.
A nivel político, ni el Gobierno ni la oposición desean cambiar un sistema caduco, antidemocrático y desigual, que representa el principal obstáculo que impide a nuestra economía crecer regularmente. Y en el plano de la ética, la sociedad española camina sin rumbo definido, ya que que percibe que sus dirigentes, procedentes tanto del entorno político-sindical como del mundo de las finanzas, son un referente pero en corrupción y latrocinio (evidentemente, con determinadas excepciones).
Los ciudadanos están cada vez más desprotegidos a nivel social, judicial y fiscal. ¿Cómo pueden defenderse las familias, las pymes y los autónomos de un Gobierno que se ha convertido en un recaudador insaciable? ¿De qué manera pueden protegerse los ciudadanos de una Justicia que está al servicio de los partidos? ¿Qué pueden hacer los españoles ante una clase dirigente empeñada en perpetuar sus privilegios a costa de empobrecer el país? ¿Deben protegerse, vía economía sumergida, de los abusos fiscales del Gobierno?
El ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España comentó recientemente que "las situaciones personales difíciles no justifican la economía sumergida". Pero le faltó añadir que muchas de estas situaciones personales las ha provocado la voracidad fiscal del Gobierno. La mayoría de los negocios sumergidos dejarían de practicar la inmersión económica si el Gobierno no los empujara, a través de Hacienda y la Seguridad Social, a una quiebra segura. Se trata de una cuestión de supervivencia, tanto empresarial como vital.
El obsesivo enfoque en la macroeconomía impide al ministro analizar fielmente la dramática situación que viven la mayoría de las pymes y los autónomos españoles en la economía real. Es probable que desde el coche oficial no se observen bien los locales vacíos y sin alquilar. Los negocios que desaparecen a diario. Las cafeterías sin clientes. La desolación de los emprendedores, que necesitan algo más que ilusión para pagar los confiscatorios impuestos y las abusivas cotizaciones sociales y saltarse las barreras burocráticas o las que limitan la libertad económica. En definitiva, la miseria que se respira en la calle.
La economía sumergida (que se ha disparado desde el 2008 hasta alcanzar el 24,6% del PIB) y las pensiones (cada vez más reducidas si atendemos a que la próxima reforma fiscal contempla ampliar el número de pensiones que paguen en el IRPF) han evitado una revuelta social en España.
La espectacular subida de impuestos, ejecutada primero por el Gobierno del PSOE (2010-2011), e incrementada posteriormente por el Gobierno del PP (2012-2014), ha sido la principal causa del aumento del volumen de economía sumergida en nuestro país. El alto nivel de paro y la corrupción política también son factores que han influido en el incremento de la inmersión económica.
En definitiva, la economía sumergida está siendo la respuesta económica de muchos ciudadanos a los abusos del poder. España está inmersa en un proceso revolucionario social y democrático, aunque lentísimo y todavía silencioso. La sociedad española no puede resignarse.
No habrá recuperación sin regeneración
