Resulta complicado encontrar sistemas económicamente puros porque, en general, los países desarrollados mantienen en la actualidad modelos de economía mixta con mayores o menores niveles de intervención estatal y control regulador. No obstante, ¿es factible calificar de capitalista al actual sistema económico español? No hay que olvidar que nuestra economía está totalmente intervenida por el Estado mediente los dos principales partidos políticos y que tanto el nivel de competitividad como el índice de libertad económica son ínfimos.
Los principios que caracterizan al liberalismo económico no confluyen en nuestro actual modelo económico. Y por eso es bastante contradictorio que determinados movimientos sociopolíticos protesten contra ese supuesto capitalismo confundiendo a la sociedad. Sus mensajes, por lo general, están totalmente desvirtuados tanto desde el punto de vista ideológico como socioeconómico.
Porque el sistema instaurado por los dos grandes partidos políticos de nuestro país podría definirse como político y clientelista. Los españoles estamos atrapados en un malévolo modelo en el que la economía está íntimamente ligada a la política y en el que la corrupción está institucionalizada. La sociedad española está influenciada por el capitalismo de consumo, pero nuestro sistema no está identificado con un modelo capitalista óptimamente competitivo. En todo caso, nuestro modelo económico puede estar asociado al concepto de capitalismo corporativo, en el que las grandes corporaciones tienen una gran influencia en las políticas y decisiones económicas adoptadas por el Gobierno y viceversa.
En España son los dos partidos mayoritarios los que controlan todos los ámbitos económicos a través de la politización de la Administración y de la Justicia. Ahí está el trabajo del Ejecutivo actual, que está siguiendo el camino que inició Felipe González diseñando una Justicia a medida de la casta política a través de la Reforma del CGPJ, del Anteproyecto de la LOPJ y de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello, sin olvidarnos de la economía de la subvención, que mantiene todo este clientelar sistema en pie.
Por consiguiente, las camarillas anticapitalistas (y antisistemas) de España tienen el objetivo desenfocado porque en vez de enfrentarse al capitalismo, modelo económico que no existe como tal en nuestro país, deberían centrar sus protestas en luchar contra el sistema político corrupto que ahoga a la economía española. ¿Tiene sentido que estos movimientos defiendan una pseudoideología devaluada y obsoleta o a un partido concreto y que a la vez protesten contra un Gobierno al que consideran enemigo pero que es más de lo mismo?
La economía española únicamente crecerá y creará empleo a un ritmo sostenido cuando se regenere democráticamente nuestro sistema político corrupto y se reestructure el modelo territorial actual. Mientras no se lleve a efecto tal regeneración, todas las medidas que se adopten, tanto políticas como económicas, únicamente serán remiendos. La evolución de la economía española, como la de cualquier otro país, depende del buen funcionamiento de nuestro sistema político y, por tanto, de la independencia de la Justicia. Pero en España hay aproximadamente 10.000 aforados que son fieles representantes de la partitocracia y que están blindados ante una Justicia politizada.
A nivel internacional, el FMI sigue sin enterarse de los verdaderos problemas de España, puesto que la última ocurrencia de este organismo ha sido recomendar al Gobierno que centre el ajuste en el gasto social (aunque se puede dotar de eficiencia a la gestión de las ayudas sociales) y en los sueldos públicos. ¿Es consciente el FMI de que España ha destinado casi 50.000 millones (vía dinero público) al rescate de las cajas de ahorros que quebraron los políticos mientras se ha recortado en prestaciones sociales y educativas e inversiones en I+D?
Respecto al recorte de sueldos públicos, acertaría el FMI en este diagnóstico siempre que dicho ajuste se concentrara en puestos políticos prescindibles, asesores y demás personal procedente de empresas públicas subvencionadas y en números rojos. Por no hablar de los empleados públicos (sin oposición) enchufados por el PP-PSOE en la Administración.
No existe otro camino que el inicialmente emprendido por Francia (reducir el número de regiones y bajar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social) e Italia (suprimir provincias y puestos políticos). El Gobierno, con la complicidad de la oposición, sigue centrándose en el discurso económico para desviar el verdadero problema de España, que es de naturaleza política.
