El número 85, publicado el año 2016, de Presupuesto y Gasto Público trata monográficamente el tema del funcionamiento y eficiencia del gasto público en un conjunto de nueve valiosos artículos. ¿Por qué hay que considerar que esta cuestión no sólo merece la pena, sino que es una de las que conviene analizar a fondo en España porque es la raíz de más de un problema?
Según datos que ya suministraba elEconomista el 14 de octubre de 2017, más de 500 firmas se habían marchado desde el referéndum del 1-O de Cataluña. Una de las reacciones de esto la manifestaba así el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme: "Los empresarios no se han ido, les ha echado la Generalitat". Y se acompañaba de una estimación referida a las consecuencias inmediatas que esto originaba, efectuadas por Jorge Bou, presidente de Empresarios de Catalunya, quien manifestaba que "se han perdido... 7.000 millones de PIB, mientras que Madrid ha recuperado 4.000 millones y Valencia 2.500 millones. Estamos por detrás, por primera vez, del PIB de Madrid que yo tenga memoria, cuando Cataluña tiene un millón más de habitantes". Y, naturalmente, recordaba así lo sucedido, bien recientemente en Canadá: "Tenemos el precedente de Quebec, de donde se fueron 700 empresas y pocas volvieron, y sufrió una caída del PIB del 15%". Y añadía: "El primero en tomar la decisión, el Sabadell, y luego CaixaBank, han hecho lo que tenían que hacer para tranquilizar a sus impositores; si han hecho esto es porque hay un peligro; pero han atemorizado a muchos empresarios. Parecen ser miles de empresas las que se deslocalicen si esta sangría no se corta, porque el nacionalismo está desangrando económicamente a Cataluña".
Las noticias iniciales llegaron en las jornadas veraniegas. Concretamente por un lado en ABC del 10 de agosto con una portada que llevaba por título "La UE da por cerrada la crisis diez años después", y en el interior, José M. Antonio y Jorge Aguilar, recogen el texto reciente de la Comisión Comunitaria sobre lo sucedido en una crisis bancaria y en la de deuda soberana, que pronto afectó a la economía real.
El mundo anticlerical español tuvo algo donde agarrarse a partir del famoso trabajo de Jovellanos, Informe sobre la Ley Agraria, preparado para la Real Sociedad Económica Matricense de Amigos del País. Hay que decir que era un colosal error que este informe se mantuviese en el Index Librorum Prohibitorum hasta la eliminación, relativamente reciente de este documento. Pero la desamortización de Mendizábal y el arreglo con Roma que, sobretodo llevó adelante Mon en el reinado de Isabel II, zanjaron definitivamente la cuestión.
Unas reuniones de expertos, convocados por el Imserso, acaban de desarrollar puntos de vista sobre la vinculación entre la fragilidad del sistema económico y el provocado por la atención a, como se los llama ahora, "los mayores".
Tras la lectura de elEconomista del 29 de mayo de 2017, es evidente que tenemos ante nosotros, en lo económico, lo que puede llamarse "opción iberoamericana", vinculada al proceso de nuestro desarrollo material. Naturalmente, desde el punto de vista cultural y político es evidente que existen otros planteamientos que, por cierto, son perfectamente compatibles.
Uno de los que crearon en España, en 1997, las condiciones clave para el ingreso en Europa fue Enrique Fuentes Quintana. Por eso ahora, 40 años después, conviene señalar los rasgos fundamentales de su personalidad.
Son estos momentos en que los españoles han de contemplar el futuro. Por una parte, sus políticos han conseguido transformar radicalmente la economía española, a través de un planteamiento que rompía con la situación anterior. Por un lado, se avanzó hacia una economía social de mercado; frente a la anterior intervencionista e, incluso, estatificadora.
Quizás en España abundaban y eran bastante caros los despliegues militares en América, en Europa y en África, como consecuencia de una correlación que se decidió fuese causalidad (error evidente conceptual), al leer por un lado el libro de Ramón Carande Carlos V y sus banqueros, donde se mostraba la exigencia de créditos en una serie de instituciones bancarias europeas (por ejemplo en las Fugges, cuyo recuerdo aún queda en Madrid en la calle de Fúcar, donde tenían su sucursal).
Es fundamental la observación del retraso que la economía española había tenido respecto a la Revolución Industrial. Siempre hay que citar el asombro maravillado de Flórez Estrada contemplando, en su exilio en Inglaterra, cómo en el río Clyde, todo un amplio conjunto de realidades industriales desconocidas entonces en España, se presentaban ante él. La consecuencia fue el intento de lograr esa nueva realidad a través de una combinación de protección arancelaria. En vanguardia se situó la opinión empresarial de Cataluña que, tras las presiones de Fomento del Trabajo Nacional, acabó por triunfar con la Ley Arancelaria de Cambó en 1922, con disposiciones corporativistas impulsadas sobre todo por Maura desde 1907, y con la convicción de que esta industrialización era necesaria para disponer de medios defensivos que permitiesen mantener la independencia política generada por una neutralidad en el concierto internacional. La culminación en este sentido tuvo que ser la aparición de empresas estatales industriales, en la línea, por ejemplo, de lo que tenía entonces lugar en Alemania con la Herman Göring Werke. Fue el modelo, en polémica con Larraz, quien pretendía seguir el modelo bancario del IRI italiano, pero se decidió con la creación del Instituto Nacional de Industria, fundamentalmente de acuerdo con Suanzes, a más de complementos intervencionistas importantes para la industria privada, aparte del enlace de déficit del sector público-político crediticio encabezada por el Banco de España y sostenida por una Banca privada encajada en la Ley de Ordenación Bancaria Cambó de 1921, heredera de la crisis del Banco de Barcelona, como probaron trabajos de los profesores Juan Muñoz y García Delgado.