Saber cómo afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en los próximos meses no es cosa fácil para neófitos en Derecho. El Real Decreto Ley 11/2020 del pasado 31 de marzo ha abierto la puerta para que cualquier autónomo o empresa -sin importar tamaño, facturación o número de empleados- puedan diferir los pagos de los próximos cuatro meses (de abril a julio) con una cadencia de seis meses.
Javier González de Lara, presidente de los empresarios Andaluces, mantuvo esta entrevista telefónica con elEconomista el lunes. En la vorágine informativa, algunas cosas han cambiado con el Consejo de Ministros de ayer.
El Consejos de Ministros ha establecido el aplazamiento o la moratoria, según los casos, en los pagos de cuotas a la Seguridad Social de autónomos y de cualquier tipo de empresa. En el caso de los autónomos el aplazamiento no tendrá carácter retroactivo para las cuotas ya abonadas del mes de marzo. No así para la empresas, pues el 31 de enero se han abonado las cuotas correspondientes al mes de febrero.
Las relaciones entre el Gobierno y los empresarios están muy maltrechas y los reproches desde las principales organizaciones se sucedieron a lo largo de ayer. Como resalta Javier González de Lara, presidente de la CEA andaluza, ha habido un antes y un después en la actuación del Gobierno en lo que a medidas económicas y sociales se refiere.
El abogado y economista Manuel Giménez es consejero de Economía,Empleo y Competitividad y Empleo de la Comunidad de Madrid, cartera que corresponde a Ciudadanos en el Gobierno regional de coalición entre el Partido Popular y la formación naranja. La entrevista es mediante cuestionario por razones sanitarias. Giménez, aunque comparte la medida de protección a los trabajadores más vulnerables, se queja de haberse enterado por la rueda de prensa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A pesar de que los contactos con el resto de administraciones autonómicas y la central han sido fluidos y frecuentes, denuncia que los problemas provocados por una legislación deficiente han sido graves, sobre todo en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte).
CEOE y Cepyme reaccionaron ayer con dureza ante las medidas laborales aprobadas por el Gobierno, entre las que destaca la prohibición de despedir mientras dure la crisis sanitaria, alegando el coronavirus como causa.
Los despidos quedarán prohibidos mientras dure la crisis y se facilitará el cobro de desempleo, según ha aprobado el Consejo de Ministros. Los sindicatos denunciaron el jueves que se han producido un millón de despidos desde que empezó el coronavirus, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar los Eres temporales. No obstante, la medidas, que empieza a funcionar hoy, no tendrá carácter retroactivo, dejando fuera a ese millón de trabajadores. Simplifica la tramitación de los Erte, aunque la ministra advierte de que serán revisados todos "de oficio" por la Inspección de Trabajo por si hubiese irregularidades, incluidos los que ya se han tramitado. Además, las cooperativas podrán solicitar los expedientes sin tener que convocar una Asamblea General.
Hasta el jueves 26 de marzo se han recibido en la Comunidad de Madrid 32.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que afectan a un total de 175.000 trabajadores, según informan fuentes de la CAM a elEconomista.