CEOE y Cepyme reaccionaron ayer con dureza ante las medidas laborales aprobadas por el Gobierno, entre las que destaca la prohibición de despedir mientras dure la crisis sanitaria, alegando el coronavirus como causa.
En un comunicado conjunto, las asociaciones empresariales rechazaron "de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado", tras las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusando a los empresarios de "aprovechar la crisis para despedir". La CEOE enfatiza que "están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial"
Sobre el fondo de las medidas, los representantes del empresariado consideran que "van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo". Y advierten de que, a falta de conocer el detalle de las medidas, "no van en la direción correcta, sino que, muy al contrario , serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas", aumentando, en opinión de las patronales, el déficit, y disminuyendo la confianza de los inversores.
Por último, ambas asociaciones dejan claro su voluntad, por encima de todo, de "sostener la economía y el empleo" y por ello, "estamos empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad emprearia, siempre para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, "siempre priorizando la seguridad y la salud de los ciudadanos".
Por la mañana, antes de conocer las medidas, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, pidió más flexibilidad en los requisitos de los Ertes. "Por ejemplo, se exige un mantenimiento del empleo durante seis meses y va a ser complicado que un empresa pueda mantener la plantilla al arranque de actividad, sobre todo de servicios. No es lo mismo que te exijan mantener el empleo en un año, pero en un principio, hasta seis meses no va a ser fácil. El turismo por ejemplo nos va a costar", dice.
Garamendi no contempla exigir la suspensión del pago de im-puestos. "Ya se ha conseguido un aplazamiento para pequeñas y medianas empresas que facturen hasta seis millones y se puede ampliar ese umbral. Sería siempre aplazar, pero no exonerar, porque el Estado tiene que funcionar", dice el presidente de la CEOE.
Medidas del Ejecutivo
El Gobierno ha prohibido los despidos mientras dure la crisis alegando motivos de causa económica, organizativa, técnica o de producción amparado en el Covid-19 y se agilizará el cobro de desempleo, según aprobó ayer el Consejo de Ministros. "Nadie puede aprovecharse de esta crisis para despedir", enfatizó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tras acusar a las empresas, dijo que éstas no deben extinguir tampoco contratos temporales, sino interrumpirlos, pues la crisis es solo un paréntesis que pasará.
Además, simplifica la tramitación de los Erte, aunque la ministra advierte de que serán revisados todos "de oficio" por la Inspección de Trabajo por si hubiese irregularidades, incluidos los trami- tados.
La prohibición de despedir se articulará a través de una cláusula que abarcará un "elenco muy importante de supuestos". Sin embargo, deja la puerta abierta a las reclamaciones ante los tribunales que determinarán la procedencia o improcedencia de los despidos.
El Gobierno justifica esta prohibición en que "ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional" como los expedientes de regulación de empleo temporal (Ertes) para realizar ajustes temporales pertinentes durante la crisis sin destruir puestos de trabajo.
Sobre los empleos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, se mantendrán vigentes hasta que concluya la crisis. Cuando lleguen a su fin, se alargará su duración. Igualmente, el paquete laboral aprobado concreta los mecanismos para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha tramitado el Erte. De esta forma, se agilizará los trámites para que sus empleados puedan cobrar lo antes posible el paro.
Sobre un posible colapso de Sistema Público de Empleo, la ministra reconoce que están desbordados, pero dice que han puesto me-dios contratando un millar de personas y el teletrabajo y afirmó que el 10 de abril, día de pago, todos los afectados por los Ertes recibirán suprestación. Asimismo, respecto a si los trabajadores con hijos a cargo cobrarán una mayor prestación, Díaz ha aclarado que el sistema de cobro será el mismo que se viene usando y, por tanto, tendrán una ayuda mayor.
Sobre la solicitud de la Comunidad de Madrid para que los Ertes se aprueben con una mera declaración responsable de las empresas, la ministra ha declinado tal posibilidad y aclara que el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas de flexibilidad, hasta tal punto de que con unos pocos datos, las empresas podrán presentar el expediente.
En línea con Iglesias
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, admitió este viernes que todos los ministerios están trabajando en medidas adicionales, y sin detallar cuales, señaló que esto incluye reducir más la actual actividad productiva si la evolución del virus empeora, y Sanidad así lo requiere.
La titular de Hacienda respondía así a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No obstante, y acompañada por Salvador Illa y Yolanda Díaz, ministros de Sanidad y de Trabajo, respectivamente, Montero recalcó que el Gobierno de España ha tomado "medidas muy drásticas desde el primer día", medidas por encima de Europa, ha destacado.
La decisión de frenar aún más la actividad económica está en la línea de los postulados que siempre ha defendido Pablo Iglesias y, de algún modo, es la primera vez que el Go-bierno de Pedro Sánchez admite que se pueden ir incluyendo medias más restrictivas, como las que ya operan en la movilidad de los ciudadanos en el transporte público y privado.
