Las relaciones entre el Gobierno y los empresarios están muy maltrechas y los reproches desde las principales organizaciones se sucedieron a lo largo de ayer. Como resalta Javier González de Lara, presidente de la CEA andaluza, ha habido un antes y un después en la actuación del Gobierno en lo que a medidas económicas y sociales se refiere.
Un antes del 18 de marzo, cuya actuación es valorada razonablemente por las organizaciones empresariales que fueron consultadas como en el caso de los Ertes, y un después, cuyo cenit se alcanza este fin de semana, con los decretos aprobados en los Consejos de Ministros extraordinarios del viernes y del domingo, donde la negociación del Ejecutivo con los empresarios ha sido nula, limitándose a una meras comunicaciones telefónicas el sábado.
De madrugada
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió ayer a ser contundente, siguiendo la dureza que inició el viernes tras conocer la decisión del Gobierno de prohibir a los empresarios despidos mientras dure el coronavirus. Reprochó al Gobierno su "precipitación" en la paralización de las actividades no esenciales y el hecho de que el domingo, a las doce menos diez de la noche, no se supiera muy bien qué tenían que hacer determinadas empresas.
"Ahora habrá que interpretar el decreto. Pensamos que ha habido cierta precipitación. Se nos consultó -desde Moncloa-, pero el sábado a la tarde, y se nos podía haber preguntado de qué manera hacerlo, que algo sabemos de esto. Podían haberse hecho mejor", aseguró.
"Parece que el problema son las empresas, cuando somos la solución. Y parece que estuviésemos trabajando por nuestros intereses, cuando estamos velando por el interés general"
Pero Garamendi no solo expresó su disconformidad con las medidas, además se mostró dolido con el trato que se está dando al empresariado. "Parece que el problema son las empresas, cuando somos la solución. Y parece que estuviésemos trabajando por nuestros intereses, cuando estamos velando por el interés general".
Dolido, sin citarla, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos): "Procuro llevarme bien con todo el mundo, pero algún ministro dijo que no se fiaba de los empresarios, que queremos hacer un mal uso de los Ertes y que se van a revisar uno por uno", dijo Garamendi. Y preguntado por el sentimiento que ha despertado en el empresariado, matizó: "No te digo cómo están los ánimos aguas abajo". Sobre la expresión de la ministra de "no nos dejamos presionar", el presidente de la CEOE contestó no dar crédito: "Dónde estamos presionando, en qué y para qué. Nuestra actitud ha sido colaborativa. La presión la pone el BOE", dijo.
Otros muchos dirigentes empresariales se quejaron ayer de la sensación de criminalización lanzada desde el Gobierno. El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que preside Fancisco Riberas, rechazó el domingo "rotundamente cualquier consideración que se pueda hacer sobre inexistentes actitudes insolidarias del mundo empresarial, motivadas por injustos prejuicios".
Desde el comienzo de la crisis, señalan, las empresas están demostrando su compromiso con España y con sus ciudadanos. "El objetivo del IEF sigue siendo que todo el mundo pueda volver a su trabajo y a su vida normal una vez finalizada la emergencia sanitaria. Igualmente, la salida de la crisis obliga a que las medidas que se adopten se tomen desde la solidaridad, el consenso y el acuerdo entre todos", en referencia a la falta de diálogo de los últimos días.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, apunta que, en primer lugar, todos estos cambios suponen una incertidumbre "brutal" que no ayuda en nada a la empresa, sobre todo a la de menor tamaño. "La pyme está luchando para evitar el cierre, pues mantener la empresa es mantener el empleo", dice.
Pero, ademas de incertidumbre, en opinión de Cuerva las últimas medidas están generando desconfianza. "Todo el esfuerzo que se ha hecho para explicar los Ertes para que las pymes acudan a ellos, se desvanece por los cambios normativos constantes". En cuanto a la paralización de la actividad, se respeta en Cepyme y entiende el motivo de Salud pública, pero el modo de hacerlo ha sido "lamentable".
Autónomos
Lorenzo Amor, presidente de la organización de Autónomos ATA, se sumó ayer, también, a las voces críticas con el Gobierno. "Las medidas sanitarias que se están adoptando y que con absoluta responsabilidad acatamos, no justifican las irresponsables decisiones laborales que se están legislando y que llevan al cierre de muchos autónomos", declaró. Y solicitó que se reduzca del 75% actual al 30% el umbral de pérdidas de ingresos que da derecho al cobro de la prestación extraordinaria para autónomos por la crisis del coronavirus.
Otras grandes organizaciones, especialmente del ámbito territorial, mostraron igualmente su rechazo e indignación con las medidas del Gobierno y con la ruptura del consenso que aconseja una crisis de la magnitud del Covid-19.
La patronal catalana Foment del Treball reclamó el domingo que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable, medida a la que se sumaron otra patronales como la de Castilla y León, en el caso de las empresas que no tengan liquidez, e insiste en que los negocios requieren la suspensión del pago del IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales, una demanda generalizada entre las grandes organizaciones presentes en la CEOE.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, reprochó que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendiese una hibernación de la economía, pero no una "hibernación de impuestos".
Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask, calificó de "amenaza y ejemplo de incompetencia" al Gobierno de Pedro Sánchez. El empresario vasco afirmó que la empresa es una institución viva, "si tiene trabajo, compromisos, clientes, proveedores, pagos y cobros, en la medida de lo posible, todo eso no se puede cerrar". Y vaticina una crisis económica y social sin precedentes, con este tipo de decisiones.
Igualmente, la patronal valenciana CEV lamentó que la moratoria de 24 horas concedida por el Gobierno para determinadas actividades sea claramente insuficiente. "En lugar de encontrarnos con medidas que reconozcan el esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado, nos encontramos con decretos improvisados, que penalizan la actividad empresarial en lugar de valorarla y reconocerla públicamente", criticó Salvador Navarro.
