En el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla hay desde esta mañana quince acusados de un fraude en subvenciones para Formación estimado en 40 millones. Son cinco miembros de anteriores directivas de UGT y diez responsables de empresas proveedoras, a las que se acusa de falsificar facturas y desviar el dinero para formar parados a las arcas de la organización. El sindicato UGT-Andalucía, como persona jurídica, no está acusado de delito alguno, pero está en el juicio porque el Fiscal y las acusaciones lo consideran responsable civil subsidiario en caso de que haya una condena. En la práctica, la formación sindical con 130 de historia en Andalucía se juega su supervivencia: actualmente y por vía administrativa ya está respondiendo -con aplazamientos y planes de pagos- de irregularidades millonarias en subvenciones para cursos de formación no justificadas debidamente. Cargar con parte de los 40 millones que están ahora en juego podría ser la puntilla.

Delegado en Andalucía de elEconomista