La industria de la construcción en España enfrenta un desafío monumental: la escasez crónica de mano de obra. Paradójicamente, este escenario de falta de fuerza laboral cualificada para afrontar el reto de los fondos europeos o del imponente despliegue de vivienda que se quiere construir para desbloquear el acceso a las familias españolas, se produce en uno de los sectores donde las empresas españolas son punteras y destacan por la construcción de infraestructuras a nivel global.
La Seguridad Social se prepara para afrontar la jubilación en masa de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia en España. El Gobierno quiere aplacar el impacto financiero sobre las cuentas de las pensiones a través de una serie de medidas ya aprobadas que centran el esfuerzo en la población activa, es decir, a través de una subida de las cotizaciones sociales que pagarán los trabajadores y las empresas 'a fondo perdido'. Los ingresos adicionales que percibirá la caja de la Seguridad Social este año superan los 4.800 millones, el 0,3% del PIB, tras registrar el año pasado casi 4.000 extra a cargo de las medidas implementadas, tal y como avanza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las cotizaciones sociales pesarán el 13,6% del PIB, una tercera parte del total de ingresos públicos previstos para el presente curso, del 42,5% del PIB.
El Gobierno de España está trabajando en una reforma de la jubilación anticipada que incluirá la ampliación de los grupos de trabajadores elegibles para retirarse antes de la edad de jubilación habitual. Seguridad Social trabaja con los agentes sociales para establecer una serie de indicadores y ampliar el abanico de profesiones recogidas como peligrosas, penosas o con un alto índice de accidentes laborales que entren en la nueva jubilación anticipada. Desde la asociación de autónomos UPTA, expresan que no permitirán "que los autónomos se queden fuera de la reforma de la jubilación anticipada".
España tiene una brecha en el empleo y las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, pero también una oportunidad. ¿Cómo se está avanzando y mejorando en la inclusión laboral en las empresas? María Jordà, Leader de Fundación Eurofirms, atiende a elEconomista.es para arrojar luz al respecto.
Las pymes y los autónomos se preparan para hacer frente a una avalancha normativa en materia de facturación y contabilidad a la que tendrán que adaptarse sobre la marcha. La llegada de la nueva facturación electrónica es inminente, de cara a 2025, y estará condicionada por la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece, cuya entrada en vigor genera dudas en autónomos, compañías y gestorías, más allá del impacto que tendrá en la actividad económica y el ecosistema empresarial.
La asociación que representa a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, AMAT, ha emitido un comunicado en el que lamenta las insinuaciones sobre corrupción o puertas giratorias de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Argumentan estar lo suficientemente fiscalizadas y demostrar "una excelente profesionalidad".
La ministra encargada de la Seguridad Social, Elma Saiz, hizo gala de la promesa de rellenar de nuevo la hucha de las pensiones con 25.000 millones esta misma década. Detrás de esa promesa –a su vez, heredada de José Luis Escrivá– hay un cambio en las reglas del juego y un círculo vicioso de deuda.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado el primer paso para desarrollar el nuevo y esperado marco regulatorio que permita hacer compatible el cobro de la pensión con la salida paulatina del mercado laboral. La cartera que encabeza Elma Saiz ha elaborado un primer borrador que ha dejado descontentos a patronal y sindicatos. Especial atención ha recibido la propuesta para reformar la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de la industria, esencialmente los del sector del automóvil. El texto propone un recorte en la pensión al aplicar los coeficientes reductores por el adelanto, además de afectar al cálculo de la base reguladora.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, prepara una reforma del despido en España acorde a la doctrina europea. La titular de Trabajo pretende que "no sea rentable" despedir para las empresas y que la indemnización injustificada repare "adecuadamente" el daño causado al trabajador a través de un mecanismo que analice la casuística individual. Diaz excluirá el descenso o previsión de caída de beneficios empresariales como causa objetiva para despedir a un trabajador, de forma que la indemnización a cargo de la empresa subiría subiría desde los 20 días de salario por año de trabajo a los 33 días por ejercicio por considerarse improcedente.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado en el Senado que "ya prepara la norma" para actualizar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) un 3% de forma "imprescindible". La cuantía de este índice sirve como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo y se sitúa en la actualidad en 600 euros mensuales. Su actualización es competencia de Trabajo bajo consulta previa al diálogo social y se suele abordar vía Presupuestos. Existe una vía de salida para mejorar el IPREM con los Presupuestos prorrogados, explican desde el departamento de Trabajo: "Es posible técnicamente y hay precedentes".