Madrid
La Seguridad Social se prepara para afrontar la jubilación en masa de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia en España. El Gobierno quiere aplacar el impacto financiero sobre las cuentas de las pensiones a través de una serie de medidas ya aprobadas que centran el esfuerzo en la población activa, es decir, a través de una subida de las cotizaciones sociales que pagarán los trabajadores y las empresas 'a fondo perdido'. Los ingresos adicionales que percibirá la caja de la Seguridad Social este año superan los 4.800 millones, el 0,3% del PIB, tras registrar el año pasado casi 4.000 extra a cargo de las medidas implementadas, tal y como avanza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las cotizaciones sociales pesarán el 13,6% del PIB, una tercera parte del total de ingresos públicos previstos para el presente curso, del 42,5% del PIB.
¿De dónde provienen estos ingresos adicionales? El último bloque reformista abordó la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cuota finalista que subirá el gravamen aplicado sobre los trabajadores asalariados de forma gradual y que este curso ya aplica un tipo del 0,7%. Esta nueva cotización nutrirá con 3.622 millones a la Seguridad Social, casi 800 más que el año previo según las proyecciones de la auditora pública.
Las bases máximas de cotización también aumentarán de forma progresiva y ya no dependerán de los Presupuestos, ya que tomarán como referencia la tasa de inflación anual más otros 1,2 puntos adicionales para su actualización. El Gobierno justificó el destope de las bases de cotización porque hay tramos salariales de trabajadores que no aportan ni un euro a la caja de las pensiones.
Además, comparó las bases del resto de trabajadores europeos, relegando a España a una situación anómala, con límites de cotización más contenidos. A través de un destope, la Seguridad Social conseguirá ingresar unos 400 millones más cada año. El efecto de su mejora recaudatoria durante 2024 será de 1.200 millones extra.
Es importante comprender que la AIReF proyecta una contención del déficit de la Administración de la Seguridad Social por la evolución positiva de las cotizaciones: la mejora del empleo aumenta el número de trabajadores, las bases de cotización son más altas y las creación de las cuotas para arañar ese extra. Adicionalmente, el traspaso de ingresos tributarios a la caja de las pensiones amortiguará el desajuste de las pensiones (sin estas ayudas, en 2023 acumuló un déficit cercano al 2% del PIB).
"El gasto en pensiones se mantiene con tasas de crecimiento altas, pero queda compensado por el dinamismo de las cotizaciones, las medidas y las transferencias de la Administración Central", explicaba en su último informe la institución que preside Cristina Herrero, que señalaba un déficit enquistado en el 0,4-0,5% del PIB.
La mejora del empleo, además, se está reflejando en el balance positivo de las cotizaciones por desempleo y el superávit del SEPE, que explican en buena parte la contención del gasto.
Ya de cara al próximo curso arrancará la denominada cuota de solidaridad, un sobrecotización que termina de configurar la presión impositiva y que se usa de forma combinada al destope: grava el tramo salarial que supera la base máxima, una parte que en la actualidad tampoco abona ni euro a la Seguridad Social. Los trabajadores por encima de los actuales 56.600 euros anuales (4.720,5 euros mensuales) aportarán 364 millones el año que viene, según la AIReF.
¿Por qué hablamos de tres alzas de cotizaciones a fondo perdido? Porque el MEI y la cuota de solidaridad no generan un derecho futuro a una mayor pensión, mientras el destope se aplica a un mayor ritmo que la pensión máxima que se puede cobrar, por tanto no hay recompensa y deteriora el pacto generacional que prometen las pensiones.
Comienza el retiro 'boomer'
La nómina de las pensiones seguirá creciendo, al menos hasta mitad de siglo. En las dos próximas décadas será necesario reponer a medio millón de personas cada año, aproximadamente, debido a la salida de esta cohorte. El efecto de la revalorización de las pagas para seguir la estela de inflación y mantener el poder adquisitivo de los jubilados seguirá siendo el principal componente de aumento del gasto.
Sin embargo, de fondo también crece el efecto del número de pensiones que entrarán al sistema con motivo de la jubilación de los trabajadores del baby boom. Si en la actualidad el gasto crece a un ritmo del 1,1% por el alta de nuevos pensionistas, este balance crecerá hasta rondar el 1,7% en el medio plazo.
El gasto de la Seguridad Social crecerá en promedio un 3,9% anual entre 2024 y 2028 una vez restadas las medidas de ingresos. En esta misma etapa, las medidas aprobadas conseguirán un extra de 9.200 millones (o el 0,5% del PIB) anuales para pagar las pensiones. Un espaldarazo para las cuentas de la Seguridad Social que, sin embargo, apenas sirve para cubrir algo menos de una nómina mensual de prestaciones contributivas (que en la actualidad ya supera de largo los 12.000 millones).
Las proyecciones de la AIReF reflejan el titánico esfuerzo que requerirán las prestaciones y subsidios, y la deuda pública en el medio plazo. De hecho, son las principales partidas que registran un aumento del gasto público de aquí a 2028: las prestaciones sociales en efectivos escalarán hasta el 17,7% del PIB en un lustro, cuatro décimas más que en la actualidad. "El gasto en pensiones empuja el peso de esta rúbrica al alza, compensado parcialmente por la reducción de gasto en desempleo", explica la auditora. Por su parte, el coste de los intereses de la deuda pública subirá al 3% del PIB por la evolución de los tipos de interés. En este sentido, el análisis de la auditora pública es más optimista que en anteriores balances.