Remedando el título de la ponderada novela de Gabriel García Márquez, el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) es la crónica de una muerte anunciada.
Remedando el título de la ponderada novela de Gabriel García Márquez, el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) es la crónica de una muerte anunciada.
Vaya por delante que el hecho de que el juez Peinado quiera interrogar a Pedro Sánchez por la investigación en marcha sobre los negocios de su mujer no implica, a priori, ninguna acusación, presunción o sospecha sobre la persona del presidente del Gobierno. Se le cita como testigo únicamente porque se considera "conveniente, útil y pertinente reabrir declaración al esposo de la investigada" como afirma el propio magistrado en su resolución.
Lo tenían todo preparado para celebrar el aniversario de la derrota electoral del 23-J. Hasta Pedro Sánchez había encargado a su subalterna Paquita Armengol, que le convocara un pleno extraordinario del Congreso, cargado de asuntos de primer nivel, para intentar revestir la desnudez de un primer año de legislatura sin leyes. Sólo tres textos legislativos, incluida la amnistía inconstitucional, y cinco decretos en doce meses de desvarío parlamentario, polarización y vacío normativo y de gestión.
A pagada por los ecos del caso Begoña y Sánchez, del hermanísimo del Presidente y la "autoamnistía" de los condenados por los ERE de Andalucía, la presentación de las grandes cifras de los presupuestos del Estado para el año próximo pasó prácticamente desapercibida para el gran público, a pesar de que, como suele ser habitual en este país y con este gobierno, las cifras más que presupuestos apuntan más a ser supuestos de difícil cumplimiento y sin garantías, además, de contar con los apoyos parlamentarios suficientes.
Cuando menos se esperaba y en las vísperas de la segunda comparecencia judicial, la Universidad Complutense de Madrid se coloca en primera fila de los denunciantes contra Begoña Gómez y al empresario Carlos Barrabés se le desata la lengua y declara ante al juez Peinado, que instruye la investigación sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado que se atribuyen a la esposa del presidente del gobierno, que visitó siete u ocho veces La Moncloa y que al menos en dos ocasiones estuvo presente Pedro Sánchez.
Planteaba el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante la reciente asamblea general de la organización empresarial, que el gobierno debería reflexionar sobre "porqué las empresas ya no contratan como antes". Una reflexión necesaria a la vista de los datos de paro registrado en junio, mes tradicionalmente positivo para el empleo, pero que en esta ocasión no invitan precisamente al optimismo.
Al final la cordura se impuso al despotismo, a la sensatez al sectarismo y al diálogo a la hostilidad de Yolanda Díaz y sus chicos de Trabajo. A la fuerza y degradados, dieron marcha atrás al ultimátum y se sometieron a negociar una reducción de la jornada laboral, sin plazos, con excepciones y periodos transitorios, como exigían no las empresas sino la lógica económica, el sentido democrático y el respeto al diálogo social.
Acorralado por los problemas judiciales de su esposa y de su hermano, por las presuntas corrupciones de su partido y su gobierno, por las divisiones internas en el Consejo de Ministros, los chantajes permanentes de sus socios parlamentarios y por la espada de Damocles del fracaso de Salvador Illa en Cataluña junto a la probable repetición de las elecciones autonómicas, Pedro Sánchez da un nuevo giro en su huida hacia adelante y nos amenaza con llevar al Congreso la próxima semana el torticeramente llamado Plan de Regeneración y Calidad Democrática que por lo que sabemos y lo que nos tememos, viendo los antecedentes y conociendo al personaje apunta a ser en realidad un plan de degeneración democrática.
Coincidiendo con los calores de julio, el gobierno anunciaba a bombo y platillo y como ejemplo de su política social, una rebaja del 21% al 10% en el IVA de la factura de la luz para mitigar la subida en el precio de la electricidad, que beneficiará a los consumidores domésticos pero no a las empresas.
El acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial traerá consecuencias. Resquebraja y siembra dudas y desconfianza en la coalición de gobierno y entre los socios de la mayoría parlamentaria de la investidura. Traerá consecuencias que veremos en su momento, más pronto que tarde.