Opinión

La jornada de la discordia

  • El gobierno del 'sanchismo' duerme con sus enemigos y politiza todo aquello que toca

Al final la cordura se impuso al despotismo, a la sensatez al sectarismo y al diálogo a la hostilidad de Yolanda Díaz y sus chicos de Trabajo. A la fuerza y degradados, dieron marcha atrás al ultimátum y se sometieron a negociar una reducción de la jornada laboral, sin plazos, con excepciones y periodos transitorios, como exigían no las empresas sino la lógica económica, el sentido democrático y el respeto al diálogo social.

Cierto que para ello ha sido necesario que el ala socialista del Gobierno, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hayan puestos firme a la vicepresidenta segunda y que desde la patronal Cepyme y su presidente Gerardo Cuerva hicieran público un durísimo manifiesto denunciando "las tesis trasnochadas de control de los medios de producción y planificación económica", además de amenazar con un plante empresarial.

Una postura de fuerza a todas luces necesarias ante el "trágala" de una propuesta tan irreflexiva como demagógica, que de aplicarse como exigía el Ministerio supondría un coste de 42.400 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, 11.800 millones por las horas perdidas y 30.600 millones por lo que dejaría de producirse, afectando especialmente a los sectores de transporte, comercio, hostelería e información y telecomunicaciones.

Pagar menos horas y mantener los sueldos es una subida adicional al aumento de los costes laborales que están creciendo al mayor ritmo de los últimos 24 años que las pequeñas y medianas empresas que suponen más del 98%de nuestro tejido empresarial. Estas aportan más del 70% del empleo nacional y difícilmente podrían afrontar la situación por lo que se verían obligadas a despedir trabajadores o al cierre del negocio.

Además de que la jornada laboral real en España es de 35 horas, frente a las 40 horas oficiales y de 2 horas y media menos que las 37,5 horas que propone ahora el Gobierno. Que en las economías de mercado son los sindicatos y las empresas quienes deben regularla en los convenios colectivos, y que en la actualidad sólo dos países de la UE, Francia y Bélgica, tienen una jornada más corta (35 y 38 horas respectivamente), mientras que Grecia ha anunciado un incremento de jornada hasta 6 días y 48 horas para ganar productividad, inversión extranjera y acabar con la economía sumergida.

Recordaba el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la clausura de la Asamblea General de la organización empresarial que "la actividad privada es la principal fuente de riqueza y empleo, el motor y la clave de la economía del país". Un motor que está sufriendo graves contratiempos y obstrucciones por el sabotaje de quienes deberían cuidarlo y engrasarlo que antepone sus prejuicios doctrinarios y sus intereses políticos y personales a los intereses generales. Y ahí están los datos para confirmarlo.

España ha perdido 197.000 empresas activas sólo entre 2022 y 2023. La creación de empresas ha caído en mayo un 7,3%, su cifra más baja desde diciembre. La cifra de negocios en marzo de las empresas españolas siguió su ritmo de descenso interanual, acumulando doce meses de caídas consecutivas. Las empresas españolas son también las que menos invierten de todos nuestros socios europeos, un 12% menos que la media de los Veintisiete y las inversiones extranjeras siguen en caída libre -en el primer trimestre son un 20% inferiores, 6.400 millones menos, a un año antes-, en un contexto de inseguridad jurídica, inestabilidad política y fiscalidad desmesurada.

El impuesto de sociedades es en España un 16% más alto que la media UE perjudicando gravemente la competitividad de nuestras compañías, nuestros productos y servicios. También las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen nuestro país un 25,2% del total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%, amén de que seguimos liderado la tasa de paro europea y estamos a la cola de los países industrializados en productividad que lleva 20 años estancada.

Son síntomas de dolencias importantes a las que se une la confirmación de que el último informe de la competitividad mundial, el World Competitiveness Ranking 2024 ha empeorado la posición de España hasta el puesto número 40. de un total de 67 economías analizadas.

También aquí, como casi siempre, el gobierno del sanchismo duerme con sus enemigos, lo politiza todo en lugar de buscar soluciones y camina con los ojos tapados y las orejeras puestas.

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