La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin variación del sueldo pretendida por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, al margen del Diálogo social, costaría a la economía española más de 40.000 millones de euros entre impactos directos e indirectos en el primer año de implantación, según cálculos del Servicio de Estudios de CEPYME. La cantidad rebasa la exacción anual del Impuesto de Sociedades, del entorno de los 35.000 millones de euros.
Esa pretendida reducción unilateral de las condiciones del trabajo manteniendo los sueldos constantes no tiene en cuenta ni la coyuntura de los distintos territorios ni la de los distintos sectores, cuya afectación es diferente. La pretendida bajada impuesta de la jornada laboral carece de una memoria económica e ignora la marcha de la productividad, aparte de pretenderse por parte del Gobierno su imposición al margen del cauce democrático del Diálogo Social.
Precisamente ayer, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, sostenía que una reducción de la jornada laboral que ignore la marcha de la productividad y la negociación colectiva sería perjudicial para las pymes españolas. Según Cuerva, la productividad de la pyme en estos momentos se ve amenazada por algunas reformas que está adoptando el Gobierno, justo cuando este indicador acumula cinco trimestres consecutivos de caídas y la productividad se encuentra todavía un 2% más baja que en 2015. El presidente de CEPYME ha reclamado una vuelta al Diálogo Social.
El presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, recordó durante la jornada que no se encuentra ningún otro país desarrollado que haya tenido la capacidad de acuerdo que ha tenido España a través de los interlocutores sociales.
El director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, tiró de experiencia internacional para relatar cómo la reducción de jornada precisa de elementos graduales, flexibilizadores o compensatorios, como la bajada de cotizaciones sociales.
El presidente de Arinsa, Fabián Márquez, lamentó que la política del Gobierno haya convertido en prescindibles muchos convenios ya que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) han invalidado extremos pactados por los agentes sociales. Por todo ello, defendió un Diálogo Social basado en la representatividad real y recordó, durante la jornada, cómo las negociaciones, con el paso del tiempo, se han materializado por encima de las leyes.
El economista Javier Santacruz considera que perder horas trabajadas significa dilapidar valor añadido, crecimiento económico y, por tanto, empleo. Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio, Previsión Social Empresarial de MAPFRE Vida destaca la existencia de elementos generadores de productividad sin costes añadidos: bonificaciones, seguros, previsión social complementaria.
El presidente de CEG, Juan Manuel Vieites, señaló las importantes caídas de productividad que padece nuestro tejido productivo, dentro de un entramado regulatorio y burocrático demasiado pesado. Vieites afeó el hecho de que se aprueben normas sin consenso con el Diálogo Social y recordó la mayor incidencia del mayor absentismo sobre las horas de trabajo y el alza de costes laborales derivada del coste de reemplazo. El absentismo ha cobrado mayor relevancia desde que aumentan las listas de espera médicas, sin haberse arbitrado una mejora de la colaboración público-privada que brinde un papel a las Mutuas en el alivio de la espera por operaciones ordinarias.
En Francia se bajaron las cotizaciones sociales por el menor horario
Durante su coloquio con el responsable del Servicio de Estudios de CEPYME, Diego Barceló, Raymond Torres desgranó el devenir de la reducción de jornada en otros países. Como ejemplo modélico explicó, durante la jornada que la reducción de jornada en Francia se acompañó de una reducción paralela en las cotizaciones sociales.
En Bélgica y Holanda se redistribuye a lo largo del año, se modula, explicó. Y se encuentran nichos de productividad, apuntó Torres, quien añadió que en Portugal la jornada se redujo de 44 a 40 horas semanales. Una vez realizada una evaluación de las empresas en función de si negociaron esa reducción de jornada frente a las que no lo hicieron, los datos fueron palmarios.
En aquellos sectores que tuvieron el tiempo de negociar la reducción de jornada se produjo un incremento de productividad que compensó el aumento de costes. Añadió Torres, además, que en otras economías ni se generó empleo ni se destruyó empleo con las reducciones de jornada legisladas. En cualquier caso, el director de Coyuntura Económica de Funcas reseñó como elementos esenciales en una reducción de jornada la gradualidad en su aplicación y la flexibilidad. Recordó que hasta en economías como la de Corea del Sur o la china se actuó de forma gradual. Y, como más cercano, blandió el caso francés.