Vaya por delante que el hecho de que el juez Peinado quiera interrogar a Pedro Sánchez por la investigación en marcha sobre los negocios de su mujer no implica, a priori, ninguna acusación, presunción o sospecha sobre la persona del presidente del Gobierno. Se le cita como testigo únicamente porque se considera "conveniente, útil y pertinente reabrir declaración al esposo de la investigada" como afirma el propio magistrado en su resolución.
Pero con independencia de que haya, o no, posteriores responsabilidades judiciales es indudable que existen responsabilidades políticas y éticas, máxime cuando uno de los presuntos implicados y ya en condición de investigado, el empresario Carlos Barrabés, declaró ante el juez que al menos en dos ocasiones, Sánchez había estado presente en las reuniones que mantuvo con Begoña Gómez en La Moncloa utilizando la sede de la Presidencia del Gobierno para negocios privados, vulnerando el principio democrático de neutralidad institucional.
Y, vaya también por delante, que Pedro Sánchez está en su derecho de no declarar contra su mujer. Pero, a expensas de posibles maniobras de última hora de sus subalternos de la Fiscalía que han transmutado su papel constitucional para convertirse en los abogados defensores de Begoña –"¿de quién depende la Fiscalía?", se acuerdan- declare o no el presidente lo que no va a conseguir es eliminar las sospechas y parar las investigaciones. Especialmente por la ausencia de explicaciones y la asunción de responsabilidades, que es lo que correspondería a cualquier gobernante democrático en un Estado de Derecho sobre unos hechos que están en proceso judicial y que hasta el momento ni siquiera han sido desmentidos.
Recordar aquí el ejemplo de su homólogo portugués, Antonio Costa, cuando en noviembre de 2023 presentó la dimisión como jefe de un gobierno con mayoría absoluta ante la apertura de investigación en un caso de tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos, por ser "incompatible" con la dignidad del cargo, y también con la dignidad política y personal. Presuntos delitos, los dos primeros similares a los que se investigan en el caso de Begoña Gómez, que no le afectaban directamente a él sino a algún ministro en su gabinete.
"La dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo", afirmó Costa en su renuncia. Palabras que contrastan vivamente con los que está sucediendo hoy en España, y también con lo que pensaba, o decía que pensaba, Pedro Sánchez cuando en julio de 2017 acusaba al entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy de hacer "un daño irreparable a la imagen de España" y de manchar "la proyección internacional y el prestigio de nuestro país". Soflama que exclamaba categórico en la sede parlamentaria a raíz de la declaración como testigo de Rajoy en el caso Gürtel.
"Para España es mucho que usted abandone la presidencia del Gobierno que permanezca en ella", añadía entonces Sánchez, para concluir que "solo le queda una salida honorable, presente su dimisión". Como diría el castizo, "consejos vendo y para mí no tengo".
Por cierto, que en la sede socialista de Ferraz, altos responsables próximos a La Moncloa especulan con la posibilidad de que el empeño de Sánchez en conseguir la presidencia de la Generalitat de Cataluña sea el primer paso para una convocatoria de elecciones generales a corto o medio plazo, asumiendo que la ruptura con Junts y Puigdemont le deja contra las cuerdas y sin posibilidad de gobernar. "O presidentes los dos, o ninguno" que avisó el fugado de la justicia, quien ya ha dejado claro y con reiteración que a él España ni le interesa ni le importa.
