Acorralado por los problemas judiciales de su esposa y de su hermano, por las presuntas corrupciones de su partido y su gobierno, por las divisiones internas en el Consejo de Ministros, los chantajes permanentes de sus socios parlamentarios y por la espada de Damocles del fracaso de Salvador Illa en Cataluña junto a la probable repetición de las elecciones autonómicas, Pedro Sánchez da un nuevo giro en su huida hacia adelante y nos amenaza con llevar al Congreso la próxima semana el torticeramente llamado Plan de Regeneración y Calidad Democrática que por lo que sabemos y lo que nos tememos, viendo los antecedentes y conociendo al personaje apunta a ser en realidad un plan de degeneración democrática.
Un paquete de medidas para eludir dar explicaciones y asumir las responsabilidades pertinentes como correspondería a un político y a un gobernante democrático y un nuevo asalto del gobierno al Estado de Derecho para profundizar en su política de ocupación y degradación de las instituciones, de pervertir los valores constitucionales, de vulnerar la división de poderes y de cercenar las libertades democráticas, especialmente la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir una información libre, plural independiente y responsable.
En una clara reedición del macartismo, el período más negro de la reciente historia norteamericana, Sánchez fundamenta su particular caza de brujas sobre dos grandes falacias. La primera, para combatir lo que él considera las fakenews - que es como ahora llaman los cursis a los bulos de toda la vida- de determinados medios de comunicación sobre los negocios y actividades de su entorno familia y su partido, pero que hasta la fecha son sólo informaciones documentadas que no han sido desmentidas ni aclaradas y que han merecido la investigación de los tribunales y los jueces.
Decisión que apoya sobre una segunda falsedad, la necesidad de trasponer a la legislación española el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA por sus siglas en inglés). Reglamento que no necesita trasposición porque su rango jurídico es superior a las leyes nacionales y es de aplicación directa. Y que, además, se aprobó para proteger a los periodistas y a los medios de la injerencia, el acoso y la persecución de los políticos y los gobiernos. Es decir, todo lo contrario de lo que pretende Sánchez, quien parafraseando a Nicolás Redondo Terrenos, vuelve a anteponer sus intereses personales y los de su tribu a los intereses generales.
En cualquier sistema democrático, los autores de bulos, calumnias o falsedades responden ante los tribunales de justicia y no necesitan de leyes mordaza al tiempo que discriminar en el reparto de la publicidad institucional es un burdo intento de estrangular financieramente a los medios críticos con el poder es un recurso propio de los regímenes totalitarios y las dictaduras.
Como señalan los profesores de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, en el que alertan sobre la debilidad de los sistemas democráticos para protegerse de la amenaza de los populismos, "deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; niega la legitimidad de sus oponentes; tolera o alienta la violencia; o indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación".
Porque la democracia ya no termina con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. Cualquier parecido con España hoy empieza a parecer algo más que una mera coincidencia.
