Pedro Sánchez anunció en su paquete de medidas de regeneración democrática la modificación de la ley de publicidad institucional. En concreto, la intención es limitar la financiación de algunos medios a los que el jefe del Ejecutivo tacha de "no tener lectores y de vivir de los recursos públicos".
Detrás de estas palabras se esconde la intención de culpar a determinados medios de los problemas de todo tipo, que enfrenta el Ejecutivo, sobre todo en el ámbito judicial, por las críticas a su entorno familiar y a leyes como la amnistía.
El presidente debe tener en cuenta que nuestro trabajo es informar independientemente de que sea favorable o contraria a los intereses del Ejecutivo. De hecho, con este señalamiento, el Ejecutivo pretende provocar que las empresas privadas imiten su comportamiento, lo que conduciría al colapso económico de los medios que Sánchez califica despectivamente como psuedomedios.
Curiosamente, el Gobierno está muy lejos de tener en cuenta la audiencia o los lectores a la hora de decidir el destino de su publicidad institucional. Lo demuestra el listado de destinatarios de esa publicidad. Los recursos otorgados a los críticos están a años luz de los recibidos por lo que acostumbran a ensalzar cualquier actuación del Gobierno. Esta dispar actuación demuestra que lo que realmente hace el Ejecutivo es premiar o castigar a los medios según sean más o menos afines con su gestión. Una clara división entre buenos o malos que es un grave ataque a la libertad de expresión.
