Actualmente en España existe un importante problema con las deslocalizaciones fiscales, que pueden afectar a las personas físicas o a sus patrimonios, y que buscan ventajas fiscales de forma fraudulenta. Los traslados ficticios de residencia se producen dentro del territorio nacional para aprovechar las grandes diferencias de tributación entre las Comunidades Autónomas, o al extranjero, para no tributar nada en España. Pero también se puede hablar de la deslocalización fraudulenta en vida, o pensando en el momento en el que se deja este mundo.

Se asume con naturalidad que en campaña electoral se pueden decir cosas que luego no se cumplirán y, como llevamos ya unas cuantas elecciones en poco tiempo, alguien puede creer aquello de que una mentira dicha cien veces se termina convirtiendo en una verdad. Y es que prometer algo imposible, o decir medias verdades respecto a los impuestos, es un peligroso, porque son estos los pilares de funcionamiento de cualquier estado de bienestar, y es una enorme irresponsabilidad trasladar a los ciudadanos que se puede jugar con ellos. Si a eso le unimos la falta de medidas eficaces para luchar contra la corrupción, con el agujero que supone dichas conductas en los ingresos del Estado, se está minando a marchas forzadas la conciencia fiscal de los ciudadanos.

Vamos camino de las cuartas elecciones generales en cuatro años, tenemos un Gobierno en funciones, y los Presupuestos Generales del Estado ya son los más longevos de nuestra democracia, dadas las sucesivas prórrogas de las últimas cuentas aprobadas. Sin embargo, el país sigue adelante y, para que eso ocurra, tiene una importancia vital que nuestro sistema tributario siga funcionando, lejos de los avatares políticos.

España firmó el 4 de marzo de 2019 un tratado internacional con el Reino Unido, pendiente de aprobación parlamentaria, en el que figuran medidas para terminar con la utilización de Gibraltar para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Dejando al margen otras consideraciones ajenas al propio acuerdo estrictamente considerado, como puede ser el relativo a la soberanía, lo firmado implica un paso adelante muy importante para impedir que este territorio sea utilizado por defraudares, corruptos y delincuentes para esconder el botín de sus actividades delictivas, como viene sucediendo con el resto de paraísos fiscales.