La situación de la Agencia Tributaria se encuentra en el peor momento de sus 25 años de existencia, en una especie de precipicio al que se ha ido asomando poco a poco y al que caerá si no se toman las medidas necesarias. La primera medida acertada ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros del día 7 de julio de una oferta de empleo público extraordinaria de 2.150 plazas para dos años, que empezará a paliar ligeramente su situación.
Ahora que acaba de cumplirse un año de la publicación de Los Papeles de Panamá es tiempo de analizar una de las mayores contradicciones de la Unión Europea respecto a la utilización de los paraísos fiscales. Por un lado, no parece dispuesta a adoptar medidas efectivas para combatir su utilización y, sin embargo, aprueba Directivas contra el blanqueo de capitales que exigen a las entidades bancarias y a los profesionales que identifiquen al titular real de los bienes que se esconden en esos territorios.
Recientemente ha saltado a la luz pública el enorme atasco que hay en los Tribunales Económico Administrativos (TEAC) que, con más de 300.000 expedientes sin resolver y decenas de miles de millones de euros en el aire, se encuentran al borde de la prescripción. Se trata de una situación inconcebible desde el punto de vista del déficit del Estado, pero sobre todo inaceptable para los contribuyentes que tienen que esperar varios años a la resolución de sus problemas con la Administración Tributaria, especialmente si al final se les da la razón.
Desde hace ya demasiado tiempo cada día nos levantamos con un nuevo caso de corrupción, apareciendo siempre en medio de ella la utilización de los paraísos fiscales, que cumplen a la perfección su objetivo de ocultar la identidad de quien los utiliza.
Resulta sorprendente el caso del chaval sevillano que recientemente ha sido condenado a cumplir una pena de seis meses de cárcel por robar hace ocho años una bicicleta del servicio público de alquiler en Sevilla. Con una condena de esa envergadura para un delito como ese, los ciudadanos podrían pensar que todos los condenados por delito fiscal, para los que se contempla una pena mínima de un año, formarán parte de las más de 64.000 personas que cumplen prisión en las cárceles españolas. Nada más lejos de la realidad, ya que en España solo hay 154 personas en prisión condenados por delito fiscal.
El 91% de los ciudadanos opina que en la última década el fraude fiscal se ha incrementado desde 2007 cuando dicho porcentaje era del 51%, según se refleja en el último documento sobre Opiniones y Actitudes Fiscales de los Españoles del Instituto de Estudios Fiscales. Porcentajes similares se reflejan en documentos de otros organismos.
En los últimos meses los bancos nos han bombardeado con cartas en las que se nos pedía una fotocopia del DNI, y, en caso de no aportarla, nos amenazaban con bloquear la cuenta. Esa forma de actuar obedece simplemente al cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
Hace unos días tratábamos la facilidad con la que se puede blanquear un millón de euros con una simple llamada telefónica y a un coste inferior a los mil euros. Ese sería el método VIP para los que utilizan los servicios especializados de la llamada banca privada, pero para cantidades inferiores los delincuentes utilizan otros métodos tan sencillos como llevar dinero físico en coche, aprovechándose de la laxitud de la norma y de sus amplios límites para sacarlo al extranjero.