La situación de la Agencia Tributaria se encuentra en el peor momento de sus 25 años de existencia, en una especie de precipicio al que se ha ido asomando poco a poco y al que caerá si no se toman las medidas necesarias. La primera medida acertada ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros del día 7 de julio de una oferta de empleo público extraordinaria de 2.150 plazas para dos años, que empezará a paliar ligeramente su situación.
Para comprender en qué situación está la plantilla de la AEAT hay que partir de un dato inicial y muy revelador: España tiene un funcionario por cada 1.928 contribuyentes, que es más del doble de los contribuyentes que tienen países de nuestro entorno, con un ratio medio de 800 contribuyentes por funcionario. Ante esta situación, los Inspectores de Hacienda llevamos una década requiriendo más medios humanos y legales para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, tarea esta que ha sido como predicar en el desierto.
Ya en 2006, Inspectores de Hacienda publicaron un documento de análisis en el que se pedía un incremento de 5.000 nuevos empleados para la Agencia Tributaria; sin embargo, esa precariedad de medios humanos no sólo prosiguió sino que se acentuó en los últimos años de crisis en los que se perdieron más de 3.000 empleados por bajas y jubilaciones no cubiertas; y todo ello sin perder de vista que en los próximos años se jubilarán varios miles más, como consecuencia de una edad media de la plantilla superior a los 50 años.
Ciertamente esta oferta de empleo supone una primera medida para no caer por el precipicio, pero en los próximos años resulta imprescindible seguir en esa línea. Además del aumento de efectivos, es necesario y urgente aprobar otras medidas complementarias, como reactivar los acuerdos de carrera profesional que la crisis dejó en el camino, ya que es inconcebible que haya Inspectores y Técnicos que llevan más de 20 años en los mismos puestos, sin ningún tipo de promoción profesional.
La asignatura pendiente de la Agencia ha sido siempre la lucha contra el fraude fiscal, sobre todo el sofisticado y organizado, pues de las rentas salariales y controladas difícilmente se escapa un euro. Pero para conseguir resultados positivos hay que dedicar a las investigaciones muchos recursos humanos y mucho tiempo, y para ello hay que convencer a los políticos para que abandonen los criterios cortoplacistas y el deseo de actuaciones rápidas, para poder así ofrecer resultados superiores a los del año anterior. Si en el año 2005 se aprobó un plan de lucha contra el fraude con más de 500 medidas, y cada año se han logrado resultados brillantes, cabe preguntarse por qué no ha cambiado sustancialmente la situación y seguimos hablando del fraude fiscal como un problema.
Para los ciudadanos, tras los niveles de desempleo, el segundo problema es el fraude y la corrupción; además, creen que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal, y el 75,60% considera que la Administración debería dedicar más recursos a combatir el fraude fiscal.
Sin embargo, para los gobiernos de diferente signo político la lucha contra el fraude no ha sido un objetivo prioritario, como lo demuestra el hecho de que no hayan autorizado nunca que la Agencia Tributaria utilice el importe total de una de sus fuentes de financiación, un porcentaje sobre los actos de liquidación que realiza. Si la media anual de ingresos no percibidos por la Agencia se calcula en 127 millones de euros, y por cada euro gastado se han conseguido 7,12 euros en el año 2015, la única conclusión posible es que en estos últimos años se han dejado de recaudar miles de millones en la lucha contra el fraude fiscal, importe muy superior al logrado por la vergonzosa amnistía fiscal aprobada en el año 2012 y recientemente declarada inconstitucional.
Además de incrementar los efectivos en la lucha contra el fraude y redirigir los objetivos de la Agencia Tributaria, estas medidas tendrían que ir acompañadas de otras reformas legales, como ampliar las facultades de la Agencia para perseguir determinados tipos de delitos, la creación de la policía fiscal, la reforma de los procedimientos tributarios para que los mayores defraudadores no utilicen subterfugios legales, o la reforma del delito fiscal para que las condenas supongan el ingreso efectivo en prisión.
Se cumplen ahora 25 años desde la creación de la Agencia que supuso hacer un traje a medida de las necesidades que en ese momento tenía la sociedad española. Durante muchos años hemos sido un modelo a seguir y la envidia de las Administraciones tributarias de otros Estados, pero ahora ese traje no admite ya más remiendos y se precisa uno nuevo, que no puede ser otro que el Estatuto de la Agencia, que le dote de los medios de financiación, independencia y profesionalidad necesarios. El actual ministro ofreció hace poco un pacto al resto de grupos parlamentarios para aprobarlo, así que ya va siendo hora de que den ese paso de una vez por todas.
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