Recientemente ha saltado a la luz pública el enorme atasco que hay en los Tribunales Económico Administrativos (TEAC) que, con más de 300.000 expedientes sin resolver y decenas de miles de millones de euros en el aire, se encuentran al borde de la prescripción. Se trata de una situación inconcebible desde el punto de vista del déficit del Estado, pero sobre todo inaceptable para los contribuyentes que tienen que esperar varios años a la resolución de sus problemas con la Administración Tributaria, especialmente si al final se les da la razón.
Sin embargo, es menester subrayar que una situación explosiva como la que ahora se vive en los Tribunales Económico Administrativos no surge de la noche a la mañana, sino que se ha ido gestando durante muchos años, y quien tenía que adoptar las medidas necesarias no lo ha hecho, tanto en el pasado como en el momento actual.
Los tribunales están integrados en la Secretaría de Estado de Hacienda y los inspectores de Hacienda que trabajan en ellos necesitan profundos conocimientos del sistema tributario, ya que sus resoluciones sientan doctrina y son de obligado cumplimiento para el resto de la Administración Tributaria. Es por ello por lo que no se entiende el injusto reconocimiento profesional y, por supuesto, también retributivo que sufren estos funcionarios, que va en detrimento del funcionamiento de los propios tribunales. La situación ha llegado al extremo de que algunos puestos son cubiertos por inspectores recién ingresados, que no tienen ni los conocimientos ni la experiencia necesaria.
El problema viene de lejos, ya que en 2005 la Asociación de Inspectores de Hacienda alertó sobre esta situación, que entonces ya era grave, intentando aportar soluciones. Después de muchas reuniones y de formar grupos de trabajo entre los órganos del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la propia Asociación, se encontró una solución, a la que dieron conformidad los servicios jurídicos del Ministerio y de la Agencia.
La solución consistía en que, dada la adscripción legal del cuerpo de inspectores de Hacienda a la Agencia Tributaria, estos funcionarios tendrían una doble dependencia, ya que orgánicamente dependerían de la Agencia Tributaria, y funcionalmente de los tribunales, como sucede con otros cuerpos de la administración. Sin embargo, no se llevó a cabo porque el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) lo despachó simplemente con un "no me gusta". Nadie se atrevió a rebatirle ese criterio tan "técnico".
La situación de los tribunales no es el único caso de funcionamiento anormal en la Administración Tributaria. En la AEAT también existen problemas enquistados desde hace mucho tiempo que tampoco se solucionan. Así, a modo de ejemplo, los subdirectores de los departamentos de la Agencia tienen los sueldos de un inspector recién ingresado, ya que una reorganización de la Agencia que se hizo hace muchos años solamente afectó a los servicios territoriales y no a los centrales. Al final la situación se soluciona con parches. Otro ejemplo lo tenemos con la exclusión de los inspectores del acuerdo de carrera profesional firmado hace años con los sindicatos, siendo el único colectivo que se quedó fuera de dicho acuerdo.
Quizás haya llegado la hora de abordar estas situaciones y, dada la adscripción legal del cuerpo de inspectores a la Agencia Tributaria, la solución global sea regular la carrera profesional de los inspectores de Hacienda, independientemente de que ocupen puestos de trabajo en la propia Agencia, en los tribunales, en la Dirección General de Tributos, en el Instituto de Estudios Fiscales o en otros centros directivos en los que necesariamente tenemos que estar. Avancemos en esa solución, que ya se ha planteado en diferentes ocasiones a las autoridades tributarias, sin que se haya obtenido respuesta. Hay que señalar que incluso en los últimos años algunos inspectores han sido destinados de forma temporal en los tribunales, reservándoles su puesto en la Agencia Tributaria para volver posteriormente.
Con esta medida temporal se han conseguido dos objetivos complementarios, como es reducir un poco el atasco de los tribunales, y conseguir un incremento recaudatorio de la Agencia en la lucha contra el fraude. Esta situación ha demostrado que la medida es legalmente posible, pero para ser eficaz tendría que complementarse con un incremento tanto de mayores medios humanos de la Agencia en la lucha contra el fraude, como de los tribunales para eliminar el atasco existente. También nos pone de manifiesto que existen otras alternativas diferentes a los recortes o a las subidas de impuestos para corregir el déficit del Estado.
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