Se acaba de publicar el Plan de Control Tributario en el que se fijan las directrices generales de actuación, y que este año giran en torno a cuatro grandes pilares: la prevención del fraude y la información y asistencia; la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude; el control de este en fase recaudatoria; y la colaboración entre la Agencia Tributaria y otras Administraciones tributarias.
Justo es subrayar entre las luces que marca el Plan, y que resulta digno de elogio, el espíritu innovador de la Agencia Tributaria que ha llevado a ser considerada como una de las mejores Administraciones tributarias del mundo. En 2018 se da un paso más, y se aplican nuevas tecnologías para mejorar tanto la asistencia al contribuyente, como la investigación de los nuevos fraudes que puedan surgir como consecuencia de la utilización de las mismas.
Así, se contempla en el Plan que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica, especialmente en comercio electrónico, sigue constituyendo una prioridad, y que se estudiará la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como blockchain y, en especial, las criptomonedas. Además, incluye con acierto los retos que existen actualmente en relación con la fiscalidad internacional, ya sea en relación con la tributación de las grandes empresas y la aplicación de las medidas BEPS, la investigación de patrimonios ocultos cruzando la información procedente del modelo 720 y de otras fuentes, o la comprobación de operaciones con paraísos fiscales. Cuestión diferente es que la efectividad de alguna de estas actuaciones dependa de las medidas que se tienen que adoptar por los organismos internacionales, y se puede citar como ejemplo la lista ridícula de paraísos fiscales que acaba de aprobar la Unión Europea.
En el apartado de las "sombras", este Plan peca de optimismo respecto de las ventajas que se presumen del nuevo Suministro Inmediato de Información (SII), como novedosa herramienta para la mejora y eficiencia en el control tributario.
Desde el punto de vista formal, el contenido del Plan Tributario 2018 resulta mucho más difuso que el de años anteriores ya que, en vez de enumerar líneas directas de actuación, se limita a efectuar una descripción general de los fraudes. De seguir esta línea, no sería extraño que en los próximos años su contenido se pudiera sustituir por una única línea de actuación: la de comprobar todo el fraude que pueda existir en el ámbito nacional e internacional.
Otra "sombra" del Plan de este año, y también de los anteriores, es que se desconoce el acierto o fracaso de las líneas de actuación y de los riesgos fiscales que figuran en los mismos. Nadie explica a posteriori los resultados obtenidos, o la causa por la que todavía no se han erradicado fraudes, como el relativo a las facturas falsas en el régimen de módulos y el de las tramas de IVA, a pesar de que han estado presentes de forma repetitiva en los planes de control de los últimos años. Las autoridades tributarias proporcionan sólo cifras de estadísticas globales, siempre superiores a las de años anteriores. Esta situación genera un problema que venimos denunciando los Inspectores, que es el incremento del número de actuaciones que hay que realizar cada año, por lo que éstas necesariamente han de ser más superficiales. Así, por ejemplo, según los datos estadísticos ofrecidos, en 2016 se realizaron 107.580 actuaciones inspectoras, un 46% más que en 2011, cuando la plantilla de la Agencia disminuyó un 10% en esos años.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las nuevas líneas de investigación que figuran en el Plan de 2018 exigirían más medios humanos, y dado que la plantilla de efectivos de la Agencia se encuentra en una situación límite, su contenido se puede asimilar a una carta a los Reyes Magos, a los que cada año les pedimos mucho, y después nos contentamos con lo que nos traen.
En resumen, las "luces" del Plan de Control quedan apagadas por las muchas "sombras" que existen en la lucha contra el fraude fiscal, como consecuencia de la no aprobación de medidas legales y organizativas necesarias. Así opinan también los ciudadanos, ya que, según la última encuesta de julio de 2017 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 95,1% cree que hay mucho o bastante fraude fiscal, y el 60,8% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para combatirlo. Parece claro que algo no se está haciendo del todo bien.
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