Vamos camino de las cuartas elecciones generales en cuatro años, tenemos un Gobierno en funciones, y los Presupuestos Generales del Estado ya son los más longevos de nuestra democracia, dadas las sucesivas prórrogas de las últimas cuentas aprobadas. Sin embargo, el país sigue adelante y, para que eso ocurra, tiene una importancia vital que nuestro sistema tributario siga funcionando, lejos de los avatares políticos.
Ese buen funcionamiento del sistema se lo debemos, en gran parte, al acierto de la creación de la Agencia Estatal d Administración Tributaria (AEAT) en 1992, dotada de cierta independencia y autonomía en su actuación. Imagínense lo que sucedería si la actuación de la AEAT fuera cuestionada de la misma forma que todas las fuerzas políticas, excepto por la que gobierna, cuestionan las actuaciones del CIS, sin que, a nuestros efectos, tenga relevancia si tienen razón o no. En el caso de la AEAT existe un reconocimiento generalizado de su buen quehacer profesional por parte de las administraciones tributarias de otros países, de los ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con ella, aún reconociendo que, como en todas las organizaciones, siempre hay cosas que mejorar.
Es ya posible que la Agencia Tributaria canalice las liquidaciones a las autonomías
Esa eficacia de la Agencia ha supuesto que año tras año se hayan ido incrementando los resultados en la lucha contra el fraude, recaudación que ha resultado imprescindible para salir de la crisis. Pero es que, además, se producen incrementos significativos en la recaudación de los impuestos, como ha sucedido con el incremento del 17,3 por ciento en los ingresos del IRPF en la última campaña de la renta que, según se expone en el informe mensual de recaudación de julio de 2019 de la AEAT, se debe a dos razones: el excepcional crecimiento de las ganancias patrimoniales, la mayor parte de las cuales no están sujetas a retención, y el impacto que han tenido sobre las rentas declaradas las campañas de avisos a contribuyentes realizadas por la AEAT en base a información de terceros, que se concreta en crecimientos anormalmente altos en las rentas del capital mobiliario.
En este sentido, consta que se enviaron casi tres millones de avisos a contribuyentes respecto de los que se tenía información de que podían tener rentas en otros países, 700.000 avisos a contribuyentes con posibles inmuebles en alquiler, y otros 14.700 avisos por operaciones con criptomonedas. Son actuaciones, todas ellas, cuyo objetivo es fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, a lo que podríamos añadir también que podría ser "forzado" porque la Agencia tiene los datos suficientes para regularizar si no se declara correctamente. No se debe olvidar, además, que la AEAT también hace multitud de actuaciones ajenas a la propia aplicación del sistema tributario, como son la recaudación de deudas de otros organismos, o las numerosas actuaciones como peritos en casos judiciales.
Se debe crear una base de datos única y compartida para todas las agencias tributarias
El caos político prolongado nos lleva al caos tributario porque es imposible dar soluciones a problemas importantes. Así sucede con la reforma del actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, ya que llevamos años en los que todos coinciden en la necesidad de reforma de la Ley, que data del año 2009, sin que ninguno de los sucesivos Gobiernos haya podido pactar hasta ahora su reforma con el resto de partidos políticos. Esta situación nos ha llevado a dos problemas diferentes.
El primero de ellos es el relativo a las quejas de diferentes CCAA de que el actual sistema de reparto de los ingresos tributarios les resulta perjudicial, y esa falta de financiación supone un perjuicio importante para los servicios públicos que tienen que prestar a los ciudadanos.
El segundo problema se refiere a las liquidaciones del sistema que se tienen que hacer periódicamente, y que el caos político en el que vivimos ahora hace que se paralicen, ya que existen dudas respecto de si el Gobierno en funciones, y con presupuestos prorrogados, puede hacerlo. Es una evidencia que el caos político nos está llevando también al caos del sistema tributario, por muy bien que funcione la AEAT en su aplicación, y a que los ciudadanos sufran perjuicios en los servicios que les tiene que prestar el Estado. En esta situación de emergencia que tienen algunas Comunidades Autónomas, y también algunos Ayuntamientos, han surgido voces, de profesionales y de algunos políticos, en el sentido de que esas liquidaciones, pendientes ahora por el caos político, tendrían que hacerse de forma automática por la AEAT, y no por el Gobierno de turno, ya que la AEAT es la que recauda los impuestos y dispone de toda la información necesaria para efectuar el reparto. Para ello, proponen como solución una reforma de la AEAT, caminando hacia una Agencia Tributaria Federal en la que participaran también las CCAA.
Esa petición es la misma que llevamos haciendo los Inspectores desde hace muchos años, la de la creación de Agencia Tributaria de todos y para todos, con una base de datos única y compartida para todas las Administraciones Tributarias, pero, eso sí, con garantía de que su actuación sea profesional e independiente de influencias políticas. Esa garantía, a nuestro juicio, se lograría con la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, en el que se reflejaran numerosas propuestas, incluida la del nombramiento de su Director por el Parlamento y por un período determinado. Sin embargo, con esta eterna reforma pendiente ocurre lo de siempre, que los partidos políticos la piden cuando están en la oposición, y nada quieren saber de ella cuando llevan las riendas del Gobierno.
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