Las autonomías, al menos las del PP, no consideran válidos, o no se creen, los argumentos de la Abogacía del Estado que indican que un Gobierno en funciones no puede resolver los impagos de la Administración central a las regiones. Así lo indica un informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, que considera que hay espacio legal para que el Estado pague a las regiones los más de 4.500 millones de euros que les debe en materia de entregas a cuenta.
Según el documento, al que ha tenido acceso elEconomista, "el sistema de financiación autonómica (del que es parte integrante esencial el régimen de entregas a cuenta) debe ser cumplido por el Gobierno estatal con independencia de si este está o no en funciones".
La transitoriedad del Gobierno y la prórroga presupuestaria en la que se halla España, en cambio, son los principales argumentos citados por la Abogacía del Estado para precisar que el Ejecutivo en funciones de Sánchez, en la actual situación, no puede abonar a las autonomías lo que les corresponde. Considera que esta acción está fuera del "despacho ordinario de asuntos" que sí puede hacer un Gobierno en el escenario actual, puesto que por "su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa es subsumible" de ser un instrumento de "orientación política" dado que con esta medida se puede "condicionar la actuación del nuevo Gobierno".
En cambio, el informe de la Xunta argumenta que concurren razones de "urgencia y de interés general para la adopción" de esta medida, aunque se estimase que desborda el despacho ordinario de asuntos. Dichas condiciones de urgencia vienen dadas por la necesidad de adaptar "el presupuesto prorrogado a las exigencias del sistema de financiación autonómica", unas exigencias a las que, precisa el texto, sí se ajustaron en su momento los presupuestos autonómicos aprobados para 2019, que se diseñaron previendo los incrementos de las entregas a cuenta anunciados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La urgencia y lo extraordinario de la situación permitirían tramitar el pago con una herramienta vetada para un Gobierno en funciones: el real decreto-ley. Y es que mantener los impagos supondrá un "evidente perjuicio" para las autonomías, que tendrán que efectuar, al no poder ejecutar plenamente sus presupuestos, "medidas de restricción del gasto público".
El informe, que se basa en la doctrina generada por sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, recuerda además que el rechazo del proyecto de Presupuestos 2019 en febrero no es razón para mantener bloqueadas las entregas a cuenta. La prórroga automática de los Presupuestos de 2018 no impide que se hagan cambios "puntuales y necesarios" como es la inclusión de los adelantos incluidos en el sistema de financiación autonómica.
El peor escenario
En el texto se alerta de que, a día de hoy, los 330 millones que la Xunta no ha cobrado por las entregas a cuenta suponen "un grave quebranto para la tesorería" de la región. Y alerta de que en el peor de los escenarios, Galicia recibiría estas entregas actualizadas en el verano de 2021, cuando se realice la liquidación de 2019.
Fuentes del Ministerio de Hacienda, consultadas respecto al informe, declinan hacer valoraciones y reiteran que se tienen que atener a las valoraciones de la Abogacía del Estado.
Cabe recordar que la interpretación que propone la Xunta, con la que coinciden fuentes del Partido Popular, es una solución a medias. Aunque se podrían abonar las entregas a cuenta, 2.500 de los millones que tienen que recibir las autonomías por el IVA de 2019 se quedarán sin pagar igualmente, como ya ha certificado el Ministerio de Hacienda a través de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
