Hacienda 'perdonará' a las CCAA el déficit extra por los impagos del Estado

El drama de los impagos de los adelantos del Estado a las autonomías afectará a las regiones a nivel de tesorería pero, en cuanto a objetivos de estabilidad, las regiones pueden respirar relativamente tranquilas. Según ha podido saber elEconomista, el bloqueo de estos abonos no tendrá impacto en el déficit autonómico, puesto que las cantidades se computarán como entregadas a la hora de calcularlo. Con todo, esta estrategia no deja de ser una solución a medias: parte de estos impagos, que corresponden a un mes de IVA, sí que impactarán en el déficit regional.

Esta no computación en el déficit de las entregas a cuenta no abonadas por el Estado ya ha sido comunicada por parte del Ministerio de Hacienda a las autonomías, tal y como confirman fuentes de las haciendas regionales. "La no actualización pude dificultar el pago, pero no el gasto. La no actualización no obliga a realizar recortes", aseguran desde el departamento de dirige María Jesús Montero.

De esta manera, los 4.500 millones correspondientes a las entregas a cuenta no impactarían en el déficit autonómico, que para este año tiene un límite de una décima del PIB, es decir, unos 1.300 millones, que es el techo que en su momento aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que no ha podido cambiar el de Pedro Sánchez en el periodo en el que tenía plenos poderes, dado que no ha contado con suficientes apoyos legislativos.

Con todo, aunque el escollo del déficit quede salvado, los problemas de tesorería siguen ahí, dado que las regiones no han ingresado los 4.500 millones, lo que sí puede provocar, y provocará, tensiones de tesorería y presumiblemente retrasos en el pago a los proveedores. Hacienda asegura que si hay Sánchez es investido y se forma gobierno, solucionará este problema de inmediato con un real decreto-ley.

Además, desde el Ministerio reiteran que deben obedecer las instrucciones de la Abogacía del Estado, que avisa de que un gobierno en funciones no puede ejecutar el abono del incremento de entregas a cuenta. Esta instrucción se recoge en el polémico informe fechado a finales de agosto, en el que la Abogacía concreta que un ejecutivo en funciones no puede solventar la situación puesto que "su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa es subsumible" de ser un instrumento de "orientación política", dado que con esta medida se puede "comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno".

El problema del IVA

Sin embargo, cabe recordar que, en cuanto a déficit, solo se soluciona parte del problema. Desde Hacienda admiten que no hay remedio para 2.500 de los millones que las regiones tendrían que cobrar este año a cuenta del IVA.

Este problema procede de una modificación en el sistema de cobro de este impuesto ejecutada en 2017, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del Ministerio de Hacienda. El Gobierno quería solventar esta situación a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado pero su rechazo por la mayoría del Congreso en febrero lo impidió.

De hecho, según indicó en julio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Hacienda ya habría transmitido que este año ya no podrá haber solución para abonar esta partida, aunque se logre formar gobierno antes de final de año.

Y son estos 2.500 millones los que van a llevar a que muchas comunidades rebasen su techo individual de déficit, según el propio ente regulador. Con este impago, solo cumplirán la meta esperada para este año Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco, aunque estas dos últimas no cuentan en asuntos de financiación autonómica puesto que tienen régimen foral. De esta manera, son 13 las regiones que incumplirían los objetivos de estabilidad: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Esta cantidad de inclumplidoras reduciría sensiblemente si los dichosos 2.500 millones llegaran este año a las arcas autonómicas. Según la AIReF, en estas circunstancias sí tendrían oportunidad de mantener el objetivo de déficit Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y La Rioja.

Ante estas circunstancias, las regiones con gobiernos del Partido Popular han reclamado un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar esta situación. Otras, como Cataluña, ya han comenzado a echar cuentas y a recortar gastos. La Generalitat ha anunciado un ajuste del 6 por ciento en el gasto de todos los departamentos.

Precisamente, el Govern calatán ya ha aprobado la interposición de un recurso para reclamar en los tribunales los 874 millones que se les adeudan por las entregas a cuenta, una opción que también están valorando las del PP.

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