Madrid
Las dificultades para formar Gobierno en España y las limitaciones que genera la interinidad del Ejecutivo están provocando problemas financieros en las comunidades autónomas. Concretamente, los impagos de adelantos del Estado, que ya tendrían que estar en las arcas regionales, suponen unos 8.200 millones de euros. A esto hay que sumar la prórroga presupuestaria, que también tiene un impacto económico en los territorios autonómicos: la falta de Cuentas Públicas aprobadas impide el incremento de las inversiones de la Administración Central, y son casi 2.300 millones. Es decir, que el vacío gubernamental y de Presupuestos le cuesta a las autonomías unos 10.500 millones. Un lío financiero que tenía solución antes del 28-A.
La región más afectada es Cataluña. La Generalitat no solo no ha recibido la cantidad que le corresponde por los anticipos del Estado de 2019 -unos 1.317 millones-, sino que por el rechazo al proyecto de Presupuestos de Pedro Sánchez tiene que despedirse de un alza de las inversiones del Estado en la autonomía de 900 millones.
Le siguen Andalucía, donde a los 1.350 millones de impagos se suman los 646 millones de inversiones perdidas, y la Comunidad Valenciana, donde la morosidad del Estado alcanza los 1.104 millones y las inversiones perdidas, 448 millones.
El rechazo del proyecto de Presupuestos es el que ha conducido a esta situación, puesto que en él estaban incluidos el incremento de las entregas a cuenta del Estado a las autonomías y el aumento de las inversiones. De hecho, el Ministerio de Hacienda previó esta situación y consultó a la Abogacía del Estado para buscar una salida, que solo se podrá ejecutar cuando el Gobierno recupere plenas facultades.
Así lo indica también el informe escrito de la Abogacía, aunque el departamento que dirige María Jesús Montero no lo encargó hasta que el Partido Popular lo exigió hace unas semanas. "Por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos, no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas", reza el documento, al que accedió elEconomista.
Hacienda argumenta que en caso de que se forme Gobierno -para que ocurra, el PSOE tendría que sacar adelante la investidura de Sánchez antes del 23 de septiembre, puesto que si no España se tendrá que embarcar en una repetición electoral- la primera medida que se tomará será aprobar un real decreto para poder pagar a las regiones al menos lo que resta de las entregas a cuenta, que suma unos 4.500 millones.
De lo que sí se tienen que olvidar las comunidades autónomas es de cobrar uno de los meses que les corresponden por el IVA de este año, que supone unos 2.500 millones. Cabe recordar que el problema está ocasionado por un cambio contable en la recaudación del susodicho impuesto que el Gobierno de Mariano Rajoy ejecutó en 2017. Los socialistas pretendían solventarlo en el rechazado proyecto presupuestario de este año.
De hecho, Hacienda ya ha notificado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que este problema no se podrá solventar en 2019, según ha transmitido el propio ente regulador.
Crédito no retribuido
Ante la situación en la que se encuentra la financiación autonómica, el Partido Popular ha lanzado una ofensiva total contra el Gobierno, en la que no se descarta que las regiones populares opten por la vía judicial.
Dentro de esta operación, se encuentra la proposición no de ley (PNL) registrada ayer mismo por la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo y el diputado Mario Garcés en la que el PP reclama un crédito estatal del Estado para las autonomías a coste cero.
Según indica la susodicha PNL, a la que ha tenido acceso este medio, "para resolver esta situación de bloqueo, proponemos que el Gobierno habilite, de forma inmediata, un crédito no retribuido a las comunidades autónomas cuya devolución se compensará con la liberación de las entregas a cuenta que tiene que realizar".
Para ello, según los populares, Hacienda "puede utilizar diferentes instrumentos, como ya se hizo con el Fondo de Liquidez Autonómica, gracias al cual el Gobierno del PP facilitó la financiación autonómica con un importe de casi 150.000 millones entre 2012 y los primeros meses de 2018".
Además, la PNL insiste en una reclamación que hicieron los barones de Pablo Casado esta semana: la celebración de un Consejo General de Política Fiscal y Financiera que dé con una "solución definitiva" para el bloqueo del alza de las entregas a cuenta.
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