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Los Presupuestos Generales de 2019: ¿realidad o ciencia-ficción?

  • No está claro que se pueda conseguir la cifra de recaudación prevista
La ministra Montero en la presentación del Libro Amarillo. Foto: Archivo

El Gobierno acaba de presentar sus Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 que, como ocurre casi siempre en política, para unos son maravillosos y para otros son un desastre para España. Esa diferencia tan grande de valoración viene dada tanto por la credibilidad de la cifra de ingresos que se esperan recaudar, como por la de gastos e inversiones, respecto de los cuales cada partido político tiene una visión muy diferente del destino que se debe dar a los ingresos obtenidos. | Conozca los puntos clave del proyecto de Presupuestos del Estado para 2019.

En concreto, el Gobierno prevé que la recaudación tributaria alcance en 2019 los 227.356 millones de euros, cifra que supondría un récord histórico y que se situaría un 9,5% por encima de la cifra recaudada en 2018. Para averiguar si esta cifra récord es realista y alcanzable, como dicen unos, o es ciencia-ficción, como aseguran otros, hay que tener en cuenta determinadas circunstancias.

La primera circunstancia se refiere a la situación económica de España. Existe unanimidad entre los expertos en asegurar que ya hemos salido de la crisis y que nuestro PIB va a crecer en el año 2019 como mínimo en el 2,2%, porcentaje que ha tomado el Gobierno para elaborar las cuentas, aunque existen otros estudios que lo sitúan por encima de dicho porcentaje.

Partiendo de la certeza de la situación económica actual, la segunda circunstancia que hay que valorar es la referida a la estructura de nuestro sistema tributario y a su capacidad para generar los ingresos que figuran en la Ley de Presupuestos. Podemos examinar la evolución temporal de la recaudación tributaria total y de los principales impuestos directos e indirectos, y así poder efectuar la comparación con la previsión de ingresos que hace el Gobierno para 2019. En el cuadro adjunto en este artículo se exponen las cifras de recaudación en diferentes momentos de tiempo -antes, durante y después de la crisis-.

A la vista de estos datos se puede apreciar que en 2018 se ha superado la cifra de recaudación de los años previos a la crisis y se observa la estabilidad del IRPF, consecuencia de que el 80% de su recaudación tiene origen en las rentas del trabajo. Se ve, además, la lenta recuperación del desplome que sufrió el Impuesto sobre Sociedades con la crisis, con una pérdida que llegó a ser de 28.000 millones en el año 2011 respecto de 2007. Se distingue claramente también la disminución del IVA en los años de crisis y su paulatina recuperación posterior, así como la estabilidad de los Impuestos Especiales y el incremento anual sostenido de la recaudación del resto de impuestos.

Con todo ello, ya tenemos sentadas las bases para poder decir que el importe de 227.356 millones presupuestado para 2019 podría resultar creíble teniendo en cuenta la evolución de los ingresos de los últimos años.

Ahora bien, si entramos en el detalle del incremento de 20.000 millones que supone dicha cifra respecto de la recaudación del año 2018, algunas de las partidas ya no resultan tan creíbles. Partiendo de los datos que ha proporcionado el Gobierno, más de 5.000 millones corresponden a subidas de impuestos y a la creación de otros nuevos, y el resto es consecuencia de la mayor actividad económica.

Comenzando por el incremento de 15.000 millones de recaudación que se le atribuye a una mayor actividad económica, surgen los primeros interrogantes, ya que la recaudación subió 14.000 millones en 2018, con un incremento del 2,6% de nuestro PIB, y el incremento previsto en 2019 es del 2,2%. Dado que estamos hablando de previsiones, no de matemáticas, y sin olvidar que la recaudación de 2018 ha sido inferior en 2.400 millones al importe presupuestado, el Gobierno debería explicar mejor todas estas dudas que resultan de análisis de las Cuentas.

Respecto de la otra magnitud, el aumento de los impuestos, el Ejecutivo manifiesta que va a afectar principalmente a las rentas altas en el IRPF, a los tipos impositivos mínimos a aplicar a grandes empresas y bancos en el Impuesto sobre Sociedades, al tipo aplicable a las grandes fortunas en el Impuesto sobre el Patrimonio, y al impuesto sobre el diésel. En relación a estas subidas de impuestos, nadie pone en cuestión que los cálculos estén bien hechos, situación que no sucede respecto de los nuevos impuestos, ya que genera muchas dudas que se puedan recaudar los 1.200 millones por el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y los 850 millones que se presumen por el Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Por último, se atribuyen unos importes de recaudación a determinadas medidas de lucha contra el fraude difícilmente medibles, y que más parece un cajón de sastre para cuadrar importes, además de que no hay que olvidar que este tipo de medidas contra el fraude fiscal solo dan resultado a medio y largo plazo. Es destacable, sin embargo, la poca importancia relativa que se le da a la recaudación de estas medidas.

En conclusión, dado que los ingresos del Estado están ligados a corto plazo a la situación económica no influenciable y a la estructura del sistema tributario, las posibles soluciones para conseguir mayores ingresos solo pueden venir de subidas de impuestos o creación de nuevos, pero ambas tienen también unos límites, y siempre afectan a los que ya pagan impuestos. Si los anteriores gobiernos hubieran hecho los deberes y hubieran puesto en marcha iniciativas eficaces de lucha contra el fraude, seguro que estas medidas hubiesen proporcionado ingresos suficientes. Todo parece indicar que los presupuestos presentados no se pueden calificar ni de realistas ni de ciencia-ficción, pero existen muchas dudas de que se pueda conseguir la cifra récord de recaudación prevista por el Gobierno.

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