Un año marcado por el escenario parlamentario más fragmentado que se recuerda en Democracia, y que ha dado serios dolores de cabeza al Gobierno, incapaz de sacar la artillería para legislar como lo hizo cuando gozaba de mayoría absoluta. Pero un año que, pese a esas dificultades, va a cerrar con los mejores datos macroeconómicos en una década.
Las autonomías logran mantener el superávit y cumplirán su límite
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y las aseguradoras renovaron este jueves por dos años el concierto de asistencia a los trabajadores del sector público. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha facilitado que ese concierto alcance los 2.200 millones, un 5,62% más que el anterior, con el objetivo de aplacar así los ánimos del colectivo, molesto porque no se beneficiará del alza salarial prometida -superior al 1% en 2018- por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Una de las razones del déficit de la Seguridad Social se encuentra en el mercado laboral español, y es la que tiene que ver con los salarios. Mientras la pensión media de jubilación se sitúa, según los datos que este martes hizo públicos Empleo, en 1.071 euros mensuales -14.994 euros al año-, el salario más común entre los españoles apenas es un 10% superior, de 16.500 euros anuales. Así lo refleja la última encuesta de condiciones salariales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Hace apenas un lustro, que Alemania lograra financiarse a tipos negativos -es decir, cobrando por captar deuda en los mercados- resultaba incluso exótico. Hoy, sin embargo, ese fenómeno es común en una mayoría de países de la zona euro y se ha convertido incluso en costumbre en el caso español. A punto de cerrar el 2017, nuestro país suma ya dos años financiándose sin pagar intereses en las emisiones de letras a tres, seis, nueve y doce meses; y en una mayor parte de las colocaciones de bonos a tres años. Un hecho sin precedentes y que posiblemente no se repita nunca.
La agencia cree que la mayoría absoluta independentista perjudicará al crecimiento y afectará al clima de negocios
El sector hotelero madrileño se mostró este viernes rotundamente en contra del Decreto que prepara la Comunidad de Madrid para regular la actividad de plataformas como Airbnb, Homeaway o Booking, y que también impondrá normas a los propietarios que pretendan alquilar viviendas para uso turístico. "No es posible que nosotros suframos más de 400 normas al mismo tiempo y a los propietarios se les diga que solamente tienen que disponer de agua fría y caliente, calefacción, extintor y señalización de emergencia", manifestaba Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que aglutina a buena parte de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la capital y muchos otros de una, dos y tres estrellas.
Primer jarro de agua fría para España en los mercados tan solo un día después de que el 21-D arrojase la mayoría absoluta de las formaciones independentistas en las urnas. La agencia de calificación Moody's advirtió este viernes de que esa victoria electoral conjunta de JxCat, ERC y la CUP puede afectar en el futuro a la nota de solvencia española (Baa2 con perspectiva estable) y a la catalana (Ba3, con perspectiva negativa y equivalente a bono basura). Ello será así "hasta que se resuelvan las tensiones políticas entre la región y el Gobierno central" en torno a "las aspiraciones secesionistas" catalanas.
Los pisos deberán ofrecer servicios de seguridad similares a los de los hoteles
Golpe de efecto del Gobierno de Cristina Cifuentes, que este jueves, en plena jornada de votación en Cataluña, hizo público el borrador del Decreto que prepara su equipo para regular la actividad de Airbnb. A ésta y otras plataformas como Homeaway o Booking les exigirá comportarse como empresas turísticas, en base a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que califica a Uber como "empresa de transporte", y les obligará, bajo amenaza de multas de hasta 300.000 euros, a alojar únicamente anuncios de viviendas que cuenten con un certificado de idoneidad expedido por un técnico.