Economía

El Tesoro suma dos años sin pagar intereses por financiarse a corto plazo

  • El principio del fin de la política de estímulos endurecerá las condiciones
  • El 'procés' apenas encarece la factura de España por el momento

Hace apenas un lustro, que Alemania lograra financiarse a tipos negativos -es decir, cobrando por captar deuda en los mercados- resultaba incluso exótico. Hoy, sin embargo, ese fenómeno es común en una mayoría de países de la zona euro y se ha convertido incluso en costumbre en el caso español. A punto de cerrar el 2017, nuestro país suma ya dos años financiándose sin pagar intereses en las emisiones de letras a tres, seis, nueve y doce meses; y en una mayor parte de las colocaciones de bonos a tres años. Un hecho sin precedentes y que posiblemente no se repita nunca.

Es evidente que en esta situación han intervenido dos factores: la política de estímulos del Banco Central Europeo (BCE). que mantiene los tipos en mínimos históricos y sigue comprando 60.000 millones mensuales de deuda pública y corporativa de los socios de la moneda única; y la inflación, que pese al repunte de inicios de este año, cuando saltó al 3%, ha vuelto a moderarse y sigue por debajo del aceptable nivel del 2%.

No es de extrañar, por tanto, que desde el Ministerio de Economía se haya advertido de que el ahorro en el pago de intereses ascenderá de nuevo a casi 2.000 millones de euros este año. La partida, de esta forma, se va a quedar al borde de bajar de los 30.000 millones por primera vez en cinco años, ya que fue presupuestada en 32.171 millones en los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Ya no son mínimos históricos

Pese a que el Tesoro español haya seguido beneficiándose de esos vientos de cola favorables, lo cierto es que las emisiones a más largo plazo se han encarecido levemente. El repunte inflacionario de principios de año tensó levemente los tipos en las colocaciones a cinco y diez años, que sin embargo, y en conjunto, no han sufrido graves perjuicios por otros fenómenos sufridos por España este año, como la turismofobia, el atentado en La Rambla de Barcelona del mes de agosto o el proceso independentista y el reférendum ilegal del 1 de octubre.

Los tipos medios de las emisiones de letras a tres, seis, nueve y doce meses han seguido pulverizando sus mínimos (las de tres meses llevan, de hecho, dos años y medio en negativo). Esa situación contrasta con la que acontecía en los años 2011 y 2012, cuando el Tesoro pagó ocasionalmente más del 5% por captar dinero a un año e incluso menos.

En las emisiones a tres años, los tipos negativos y positivos han seguido alternándose, como ya sucedió en el 2016. Febrero y abril de este año marcaron los mejores registros históricos,aplicando un interés negativo del -0,12%.

Peor comportamiento ha mostrado el bono a 5 años, que si bien no notó el procés, si se encareció en la primera mitad del año por efecto de la inflación. Lo mismo ha sucedido con las obligaciones a 10 años, que si bien se mueven cerca de los mínimos históricos de España en el euro, no bajan ya con facilidad del 1,4%, barrera que perforaban con habitualidad en 2016. De cualquier forma, saldar las emisiones a ese coste resulta casi ridículo en relación a los intereses que se abonaron durante lo más duro de la crisis de deuda. A finales de 2011 el Tesoro debió pagar por una subasta de estas características nada menos que un 7,088% de interés.

El futuro, menos dulce

Que la situación se prolongue en el tiempo parece complejo, si bien hace un año una mayoría de analiastas tampoco esperaban un 2017 tan positivo. En esta ocasión el BCE sí ha anunciado el principio del fin de su programa de estímulos, algo que sin duda provocará un incremento de los tipos y del coste de la financiación (está por ver la intensidad y la rapidez de ese efecto).

Y es ahí donde radica el principal problema de España, que si bien ha comenzado a desapalancarse, cuenta con una deuda por encima del 98% de su PIB, de 1,136 billones. Un volumen que puede ser castigado en los mercados si estos no perciben una intención decidida por parte de los poderes públicos de llevar a cabo una reducción constante y creíble del mismo.

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