Golpe de efecto del Gobierno de Cristina Cifuentes, que este jueves, en plena jornada de votación en Cataluña, hizo público el borrador del Decreto que prepara su equipo para regular la actividad de Airbnb. A ésta y otras plataformas como Homeaway o Booking les exigirá comportarse como empresas turísticas, en base a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que califica a Uber como "empresa de transporte", y les obligará, bajo amenaza de multas de hasta 300.000 euros, a alojar únicamente anuncios de viviendas que cuenten con un certificado de idoneidad expedido por un técnico.
El cerco sobre Airbnb se aplicará con la definición, por primera vez en Madrid, del concepto de canal de oferta turística, a través del cual estas plataformas no podrán evitar responsabilidades jurídicas cuando publiciten alojamientos no legales, ya que pasan a tener consideración de empresas turísticas "y quedan sujetas al régimen sancionador dispuesto en la Ley" para ellas.
El borrador hecho público este jueves apuesta porque estas compañías desarrollen su actividad sin restricciones, pero equiparando su situación a las de la competencia, es decir, hoteles, hostales y otro tipo de alojamientos turísticos.
En este sentido, la futura legislación también equipara la figura del propietario de los pisos a los de un empresario. Éste, si quiere ofertar un piso, deberá contar con el certificado de idoneidad para viviendas de uso turístico (Civut), y ofrecer servicios de seguridad similares a los de los hoteles. El Decreto habla de contar con una ventilación directa al exterior; un extintor de mano; y señalización básica de emergencia indicando la puerta de salida.
Y hay más: ese propietario deberá contar con un seguro de responsabilidad civil; poseer hojas de reclamaciones; disponer de calefacción, agua fría y caliente; y respetar el ratio de capacidad de personas alojables en función de las dimensiones de la vivienda, un aspecto sobre el que el Decreto debe arrojar luz. Por último, y como si de un establecimiento hotelero se tratara, habrá que comunicar a las Fuerzas de Seguridad la identidad de los futuros inquilinos.
Toque de atención a Carmena
Pese a que el sector turístico madrileño ya ha filtrado su descontento con el Decreto que prepara Cifuentes -a este periódico le confesaron que en realidad "liberaliza del todo la actividad"-, lo cierto es que el borrador sugiere que el uso de plataformas como Airbnb se verá limitado. No sólo porque éstas pasarán a tener los mismos derechos y deberes que las empresas del sector, sino porque los dueños de los pisos tendrán que invertir dinero en los mismos y funcionar como empresarios.
Una jugada en realidad maestra del equipo de Cifuentes, que no prohíbe pero impide la competencia desleal dentro de un mismo sector. Todo ello, además, disparando contra el Ayuntamiento de Madrid, que quería limitar la actividad de los propietarios imponiendo límites de alquiler de 90 días anuales. El Decreto de la Comunidad cree que no pueden establecerse criterios como ese porque atenta "contra la libertad de empresa".
Aún así, quedan dudas por resolver. El Decreto impedirá que el propietario pueda vivir en el inmueble que quiera alquilar (por el hecho de tener que contar con el certificado de uso turístico), y deja en manos de las comunidades la posible prohibición de la actividad, algo que puede generar fricciones entre los propios vecinos.
