Un año marcado por el escenario parlamentario más fragmentado que se recuerda en Democracia, y que ha dado serios dolores de cabeza al Gobierno, incapaz de sacar la artillería para legislar como lo hizo cuando gozaba de mayoría absoluta. Pero un año que, pese a esas dificultades, va a cerrar con los mejores datos macroeconómicos en una década.
El PIB por encima del 3 por ciento por tercer año consecutivo; los casi 600.000 empleos creados y los 19 millones de afiliados; la reducción del déficit hasta -así lo sugieren todos los datos- el 3,1 por ciento, lo que deja a España al borde de salir de la vigilancia de Bruselas; el espectacular registro de ingresos por impuestos, que van a dejar cerca de 200.000 millones en las arcas públicas; o el tirón de la exportación, que avanza más del 9 por ciento interanual, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Economía.
No es oro todo lo que reluce, claro está. La tasa de paro sigue siendo excesiva, superior al 16 por ciento, y el enorme volumen de deuda pública, por encima de los 1,1 billones de euros, amenaza con convertirse en un problema muy serio cuando los famosos vientos de cola (expresión que se utiliza para referirse a la caída de precios del petróleo, la baja inflación o la política de estímulos del Banco Central Europeo) comiencen a amainar. A día de hoy conseguimos financiar nuestro pasivo a intereses cercanos a mínimos históricos, pero es algo que sin duda alguna va a cambiar e impactará de lleno en la partida de intereses de la deuda, contenida ahora en torno a los 30.000 millones.
Y de ahí se extrae otro problema. Impactando en la deuda pública, el préstamo de 10.192 millones para pagar las pensiones que el Estado ha tenido que captar en los mercados, en la decisión económica más cuestionada del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Todo hace indicar que esa fórmula tendrá que volver a ser utilizada en 2018, ya que pese a la mejora de las cotizaciones, está previsto que la Seguridad Social deba gastar el año que viene 5.000 millones adicionales. Ello, además, con un sistema en déficit y con la hucha de las pensiones, a la que le quedan poco más de 8.000 millones de euros.
Así, tener que volver a acudir a los mercados para captar dinero impedirá reducir el ingente pasivo público a un ritmo mayor, algo que sería deseable teniendo en cuenta que pueden venir curvas cuando la financiación se produzca en términos más razonables y no seamos capaces incluso de cobrar por captar dinero a tres, seis, nueve y doce meses e incluso a tres años. El año, además, concluye sin acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, que es quien debe pactar las recetas con las que afrontar el desafío de las pensiones que vienen (las del baby boom, nada menos).
Y a pesar de Cataluña
La economía ha dado tan pocos disgustos este año que incluso fenómenos como el de la turismofobia, que pudo convertirse en un problema muy serio en verano, han afectado poco o nada al PIB o al empleo. Tampoco lo hizo el brutal atentado en La Rambla de Barcelona el pasado mes de agosto. Y tampoco -al menos por el momento- el grave desafío secesionista con referéndum ilegal incluido. Hasta la fecha, los analistas coinciden en un bajón económico serio en Cataluña, cuyo crecimiento trimestral es ahora inferior al 0,5 por ciento. Pero no hay traslación de efectos al conjunto español, lo que no quiere decir que el PIB sí pueda perder algo de vigor a lo largo del 2018. El Gobierno, de hecho, cree que creceríamos de nuevo al 3 por ciento sin problemas como el catalán, pero de momento descuenta un avance más tibio, del 2,3 por ciento.
Un año 2017 que dejó, además, otras buenas noticias, como una ley de autónomos con más beneficios para un colectivo maltratado habitualmente por las leyes; y una nueva norma de contratación pública que, si se cumple a rajatabla, evitará despilfarros y abusos en los plazos de pago a las pymes.
