En un momento en el que la industria de los microchips empieza a despertar de la pesadilla de la pandemia y la producción de dispositivos móviles parece más cerca de recuperar la normalidad, el temor a la escasez de productos se ve reemplazado de nuevo por el relativo a su calidad.
En el pasado 2021, un 20% de los españoles que utilizó internet de manera habitual lo hicieron para buscar trabajo. Es un porcentaje inferior en ocho puntos al registrado en 2009. Y el nuestro no es el único país europeo en el que se ha registrado este sorprendente fenómeno.
Desde su toma de posesión como ministra de Trabajo y Economía Social, en enero de 2020, Yolanda Díaz hizo suya la promesa de derogar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral de 2012, con el foco puesto en la "devaluación salarial" propiciada por los cambios en la negociación colectiva impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero este objetivo no se ha logrado.
La precariedad del empleo público, que ha alcanzado su máximo histórico tras la entrada en vigor de la reforma laboral, tiene una derivada especialmente grave en lo referente a las mujeres. Algo, cuando menos, sorprendente en un Gobierno de coalición que ha hecho de la "perspectiva de género" su bandera política.
El pasado mes de julio, los servicios públicos de empleo contabilizaron 4,3 millones demandantes de un puesto de trabajo. A su disposición, publicaron ofertas para un total de 49.439 puestos de trabajo.
En 2020, mientras la pandemia provocaba un auge sin precedentes de las videoconferencias, millones de personas en todo el mundo se dieron cuenta de dos cosas: que su próxima entrevista para un nuevo empleo sería a través de una cámara, y que se la podría hacer una inteligencia artificial que decidiría sobre su contratación tras analizar sus expresiones. Esto último no les gustó.
El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del decreto sobre medidas para el ahorro energético, una norma que, en ámbito laboral, contempla un amplio abanico de medidas para que las empresas y los trabajadores reduzcan su consumo. Pero la norma no recoge ni una palabra referida al teletrabajo.
La jornada laboral de cuatro días o 32 horas semanales gana adeptos en España. Cada vez más empresas la ponen en marcha, seguidas por los programas piloto anunciados por el Gobierno y algunas comunidades autónomas. Pero sus efectos económicos quizá no sean tan positivos como se espera.
El 'doble rasero' entre el sector público y privado en la aplicación de la reforma laboral, avalado por el Gobierno, está teniendo su consecuencia más evidente en la temporalidad del empleo.
España es el país europeo con el mayor peso del subempleo en su mercado laboral. Es decir, de ocupados que trabajan menos horas de lo que necesitan para vivir. Esta situación afecta a 1,7 millones de ocupados y, aunque se trata de una lacra que tradicionalmente se asocia a los trabajadores temporales, el hecho es que más de la mitad tiene un contrato indefinido.