La precariedad del empleo público, que ha alcanzado su máximo histórico tras la entrada en vigor de la reforma laboral, tiene una derivada especialmente grave en lo referente a las mujeres. Algo, cuando menos, sorprendente en un Gobierno de coalición que ha hecho de la "perspectiva de género" su bandera política.
En el segundo trimestre de 2022 la tasa de temporalidad de los empleados públicos se situaba en 32,4%, pero entre los varones era mucho menor, del 24,6%. Por el contrario, en el caso de las mujeres llegaba al 38,1%. Es decir, 13,5 puntos porcentuales más.
En del sector privado la diferencia era mucho menor: si la media era del 19,8%, para los hombres quedaba en el 19% y para las mujeres en el 20,7%. Solo 1,7 puntos más.
Expresado de otra manera: la brecha de temporalidad entre trabajadoras y trabajadoras que dependen de las administraciones multiplica por ocho la de las empresas.
La diferencia por género en el sector público ha sido tradicionalmente más alta que la del sector privado. En las instituciones nunca ha bajado del 6%, aunque en el último año está registrando niveles récord, que oscilan entre 13 y 14 puntos.
Entre las empresas también está anotando un incremento, aunque mantiene tasas muchísimo más reducidos. Además, lo hace tras encadenar largos periodos en terreno negativo, como ocurrió entre 2013 y 2017.
Empleo sin paridad en el Gobierno
Los datos resultan especialmente llamativos si tenemos en cuenta que en el sector público trabajan más mujeres que hombres: suponen el 58% del asalariado dependiente de las administraciones. Entre las empresas solo llegan por ahora al 37%.
Sin embargo, un análisis detallado revela que esta exitosa inclusión de la mujer no se produce en la Administración central, la que depende directamente del Gobierno. En su caso, la mujer tiene una presencia del 32%, menor incluso que la del sector privado.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas en la Encuesta de Población Activa (EPA) no desglosan la temporalidad por nivel de administración. Aunque conviene recordar que el 78% de los asalariados públicos trabajan para comunidades autónomas y ayuntamientos. Un porcentaje que se eleva al 87% en el caso de las mujeres y retrocede al 66% en el de los hombres.
El sector público ignora a los fijos discontinuos
Lo que sí muestran es que la causa principal del empleo público temporal es la interinidad. El 46% de los trabajadores con un contrato eventual lo tiene para cubrir la ausencia total o parcial de otro indefinido (en este caso un funcionario), frente al 9,2% de los des del sector privado.
En este, la diferencia de género también es patente: la interinidad entre los hombres es del 38,7 para los hombres y del 49,7%, once puntos más, para las mujeres con un empleo temporal.
Tampoco parece a las administraciones convencer las alternativas planteadas en en la reforma laboral para impulsar la contratación indefinida, como el recurso a los fijos discontinuos.
El 'contrato estrella' de la nueva norma solo ha creado el 3,6% del empleo en el sector privado (un 4,8% entre las mujeres), pero en el sector público el porcentaje es del 0,5% (un 0,6% para las trabajadoras)
