Desde su toma de posesión como ministra de Trabajo y Economía Social, en enero de 2020, Yolanda Díaz hizo suya la promesa de derogar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral de 2012, con el foco puesto en la "devaluación salarial" propiciada por los cambios en la negociación colectiva impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero este objetivo no se ha logrado.
La escalada inflacionaria ha dejado esto en evidencia, así como el hecho de que, pese a lo prometido por la número tres del Gobierno, los sindicatos no han recuperado el poder de negociación previo a la crisis financiera
Cuando el Gobierno de coalición presentó su propia reforma, a finales de diciembre de 2021 y tras dos años de intensa negociación con patronal y sindicatos marcados por la pandemia y sus secuelas económicas y laborales, no pocas voces alertaron de que se trataba de una norma que, salvo en los aspectos relativos a la temporalidad, era continuista con la anterior.
Fuera del acuerdo con los representantes de los trabajadores y los sindicatos quedaban aspectos muy polémicos para la ciudadanía como recuperar de la indemnización por despido a 45 días.
Otros como la posibilidad de despedir por faltas al trabajo provocadas por una enfermedad ya habían sido corregidos en febrero de 2020, apenas un mes antes del estallido de la crisis sanitaria y tras varias sentencias del Tribunal Supremo.
Pero esto no significa que la norma no incluyera modificaciones sustanciales dirigidas a revertir esa "devaluación salarial" y devolver el equilibrio a la negociación entre empresas y sindicatos. Sin embargo, han sido insuficientes, según señalan los sindicatos y diversos expertos laboralistas.
Uno de los más claros es el profesor titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València Adrian Todolí en un extenso artículo publicado en la Revista Labos de la Universidad Complutense de Madrid en el que analiza el efecto de la reforma y sus cambios legales sobre los sueldos.
Derogaciones parciales
La principal de estas novedades era la recuperación de la ultraactividad indefinida. Se suprime el tope de un año de vigencia de los convenios caducados impuesto en 2012. Esta medida surgió con la idea de desbloquear la negociación colectiva, ya que la ultraactividad en caso de que no se alcanzara acuerdo significaba que las condiciones laborales y salariales se mantenían inalteradas pese a la situación económica o la productividad.
En la misma línea actuaba la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En este caso no se produce una derogación total, aunque sí afecta específicamente a la "cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa".
Para reforzar este impacto, el Gobierno modifica también la regulación de las subcontratas. Antes el convenio de la empresa subcontratista prevalecía sobre el propio de la actividad desarrollada y podía tomar medidas como rebajar sueldos para ser más competitiva.
Con la nueva ley, esto ya no es posible y los salarios y las condiciones laborales se rigen por el convenio e la actividad.
Los descuelgues, sin cambios
En su momento, los sindicatos se enfrentaron a la entonces ministra de Trabajo, Fátima Báñez, por lo que consideraban una clara merma de poder de negociación que repercutía directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, una situación agravada por otra de las medidas incluidas en la norma: la inaplicación de los convenios.
Este 'descuelgue' que la empresa podía impulsar sin acuerdo con los trabajadores, algo que se producía en un 10% de los casos, fue uno de los principales motivos de protesta contra la norma desde las primeras movilizaciones, en febrero de 2012. Pero esto se mantiene vigente en la normativa actual, lo cual motiva también que se siga presionando a la baja a los salarios.
Además, el experto recalca que estas medidas no sirven "para recuperar las pérdidas de salario nominales ocasionadas durante la década de 2010". Tampoco para recuperar el peso de las cláusulas de salvaguarda salarial. Estas han aumentado su alcance al 25% de los trabajadores respecto al 16,3% a cierre de 2021 pero Todolí recuerda que siguen muy lejos de los niveles del 71% alcanzados en 2006.
Esta situación implica que, ante el nuevo calendario de movilizaciones para reivindicar subidas salariales, los sindicatos no cuentan con el mismo arsenal de herramientas de presión en la negociación con las empresas con el que contaban en 2012, pese al respaldo verbalizado reiteradamente por la propia ministra de Trabajo.
