El 'doble rasero' entre el sector público y privado en la aplicación de la reforma laboral, avalado por el Gobierno, está teniendo su consecuencia más evidente en la temporalidad del empleo.
Mientras las empresas han hecho los deberes y han reducido en 3,8 puntos la tasa de asalariados con un contrato temporal respecto a hace un año, las administraciones la han aumentado en 1,8 puntos. Como consecuencia, la diferencia entre ambas se ha disparado a un máximo histórico.
La temporalidad total se situó en el 22,3% en el segundo trimestre, mínimo histórico según los datos de la Encuesta de Población Activa. Pero el mérito corresponde exclusivamente al sector privado, que la redujo hasta los 19,8 puntos.
Por el contrario, las administraciones han alcanzado un récord de precariedad pese a la reforma laboral, con un 32,4% de asalariados con un contrato temporal. Es apenas una décima menos que el dato registrado en el primer trimestre, cuando la norma no estaba plenamente vigente.
Ello a pesar de que la nueva regulación del mercado laboral sí contempla algunos cambios que afectan al sector público para restringir la contratación de carácter eventual. Planteamientos, eso sí, alineados con la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que entró en vigor al mismo tiempo.
Más empleos públicos temporales
En este sentido, el Ejecutivo sostiene que la temporalidad en las administraciones se debe a la anterior regulación de los interinos, que permitía que los trabajadores encadenen situaciones de eventualidad por más tiempo que el límite de tres años que establece el Estatuto de los Trabajadores.
Esta situación ha sido denunciada por los afectados, hasta el punto de que recientemente fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Todo ello, según el Gobierno se resuelve con la nueva legislación.
Sin embargo, la contratación eventual no se ha frenado. Todo lo contrario: el número de trabajadores públicos eventuales ha aumentado un 6,3% respecto al año anterior, mientras los del sector privado se han reducido un 11,2%.
Estas cifras se conocen después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un plan de choque para reducir la temporalidad de los trabajadores sanitarios, objeto de las críticas de la Comisión Europea.
Y es que, aunque Bruselas está satisfecha con el diseño de la reforma laboral en términos de temporalidad, es consciente de que el verdadero problema no se encuentra en las empresas privadas.
Una brecha abierta desde 2019
Algo evidente desde 2019, cuando la temporalidad del sector público se consolida por encima de la del privado y abre una brecha que no ha hecho más que incrementarse. En el segundo trimestre alcanzó un récord de 12,6% puntos.
Es el mismo porcentaje que en el arranque de la serie histórica en 2002, aunque invertido. Entonces, el sector privado lideraba la temporalidad.
Pero tras la crisis financiera, que redujo la temporalidad a fuerza de destruir puestos de trabajo, la recuperación en las empresas se compagina con empleos más estables. Especialmente a partir de 2018, aún bajo la anterior reforma laboral.
El sector privado ha ido en dirección contraria. Es más, la tendencia se ha acelera en los últimos años por el encadenamiento de ofertas públicas 'históricas' que lo eran gracias a la temporalidad.
Menos de un 3% de contratos indefinidos
En los siete primeros meses del año el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registró 264.788 nuevos contratos en el epígrafe de Administración Pública, que es donde se concentra la mayor parte de puestos derivados de las ofertas de empleo público estatales. De ellos, solo un 2,84% eran indefinidos.
Este dato queda 11 veces por debajo de la media general, que en el acumulado del año llega al 35%.
Si le añadimos los profesionales de la educación (351.916) y de la sanidad (767.622), que dependen ante todo de las comunidades autónomas, la cifra aumenta exponencialmente, y el porcentaje de contratos estables escala al 19,5%.
Hay que tener en cuenta que los procesos de contratación en el sector público son mucho más complejos que en el privado y están sujetos a plazos y limitaciones burocráticas. En cualquier caso, las cifras dan idea lo difícil que es reducir la temporalidad en el sector público incrementando la contratación. Más bien lo contrario.
Los nuevos trabajadores públicos se encuentran con una barrera infranqueable: el relevo los que tienen plaza 'fija' por los que son interinos, que hace su progreso prácticamente imposible. La prueba es que estos contratos tienen una duración media de 103 días en la Administración. El 42% ni siquiera alcanza esa duración.
Aún así son más estables que los de los educadores, que llegan a 92 y los sanitarios, que se quedan en 65, aunque el porcentaje de temporales es bastante más alto en ambos casos y su empleo, comparativamente más ágil.
De esta forma, el Gobierno afronta el reto de frenar la temporalidad pública en un sector completamente ineficiente en términos de contratación y promoción profesional.
En este contexto, la presión de Bruselas aboca a una reforma que ataje el sobredimensionamiento del sector público en servicios no esenciales. Pero ello resulta impensable en vísperas de un año electoral.
