El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un plan para convertir en fijos a 67.000 trabajadores sanitarios. Una decisión que llega tras unas contundentes advertencias de la Comisión Europea pero que se antoja insuficiente ante el elevado número de contratos temporales en el sector.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo este anuncio poco más de un mes después de que la Comisión Europea publicara su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de 2022 de España. Esta resolución venía acompañada un informe que, entre otras cuestiones, presentaba una radiografía demoledora sobre la situación de los profesionales de la sanidad en España.
Así, Bruselas denuncia el "recurso cada vez mayor" a los contratos temporales, que llegaron al 41,9% del total de trabajadores sanitarios en 2020, frente al 28,5% en 2012. Un fenómeno que en la pandemia se ha visto agravado por los "regímenes especiales de contratación aplicados para responder al aumento de la demanda·.
"Las condiciones de trabajo siguen siendo difíciles", remarca el informe, que llama la atención sobre la "escasez" de personal y su "distribución desigual". En este sentido pone el foco sobre el "bajo número" de enfermeras, que afecta "negativamente a la atención primaria".
Y es que España registra una tasa de enfermeras por cada 1.000 habitantes del 5,9%, muy por debajo de las grandes economías europeas. Esta tasa supone menos de la mitad de la que registra Alemania.
Una medida que obliga a las comunidades
El anuncio de Pedro Sánchez se tendrá que hacer de acuerdo con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad y tendrán que asumir el coste de esta medida.
Uno de los aspectos más destacados, aparte de la 'regularización exprés' de los 67.000 temporales, es la limitación a tres años de la contratación temporal. Un umbral para el que el Gobierno asegura que cuenta con el acuerdo de las comunidades autónomas, si bien todo dependerá de las "letra pequeña" de la normativa estatal y del margen que deje a las comunidades para organizar sus plantillas.
El decreto con el que se articulará se aprueba menos de quince días después de que la nueva ley de Equidad Sanitaria haya sido remitida a las Cortes.
Una norma que elimina la posibilidad de concertar la asistencia sanitaria con empresas privadas y ha abierto un frente político tanto con las comunidades como en el seno del propio Gobierno de coalición, ya que Unidas Podemos quería ir más lejos contra la "privatización de la Sanidad".
En este sentido, en fuentes políticas se acusa al Ejecutivo poco menos que de haber lanzado una cortina de humo, poniendo el foco en la situación de la sanidad cuando los reproches sobre la temporalidad se extienden a todo el sector público que el propio Gobierno ha sobredimensionado en los últimos años.
Y que eleva su temporalidad ya diez puntos por encima de la del sector privado.
El 73% de los nuevos contratos son temporales
Tampoco el anuncio complace a los sindicatos, pese a que se enmarca en la negociación para extender al ámbito sanitario la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Una norma que en otros ámbitos avanza con mayor lentitud.
En este sentido, desde CSIF se considera que la cifra propuesta se queda corta ante la perspectiva de una séptima ola de la pandemia que eleva la presión sobre los sanitarios en pleno verano.
También se queda escasa la cifra si analizamos la contratación del personal sanitario en lo que va de año.
Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en los cinco primeros meses del año se firmaron 102.101 contratos con profesionales de la salud.
De ellos, solo 10.980 fueron conversiones de temporales a indefinidos. Otros 20.888 fueron indefinidos iniciales. El resto fueron eventuales, especialmente de circunstancias de la producción y por sustitución. La tasa de temporalidad en los nuevos contratos se situaba así en el 73%.
