El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Universalidad y Cohesión donde se eliminaba la posibilidad de concertar la asistencia sanitaria con empresas privadas, salvo casos excepcionales. La medida, según calcula la patronal de la sanidad privada, ASPE, tendrá un coste adicional para las administraciones públicas de más de 2.700 millones de euros.
"Hemos estimado, con un promedio conservador de ahorro, que tan solo la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Equidad le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas y que la partida presupuestaria destinada a conciertos se sitúa en torno a los 8.240 millones de euros, el 11% del total del gasto sanitario", explican desde ASPE.
El ahorro, explican, viene determinado porque las administraciones contratan a un precio menor que el coste público determinadas intervenciones. "Los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son entre un 25% y un 69% menores", añaden.
El anteproyecto de Ley debe ahora pasar su trámite parlamentario. El debate se presentará tenso porque las posiciones son muy diferentes en algunos casos. Por un lado se encuentra el PSOE, presionado por Podemos para que no rebaje (e incluso endurezca) la prohibición de conciertos. Pero los partidos de Gobierno deben encontrar acuerdos en el bloque de investidura. Ahí, el concurso de Esquerra Republicana está en entredicho. Hoy por hoy, el Gobierno catalán destina el 24% de su gasto sanitario a conciertos con la sanidad privada.
El ahorro estipulado por Aspe contempla cualquier fórmula de colaboración público-privada. Sin embargo, se se calculan solo las concesiones administrativas la cifra sería menor. "El ahorro roza los 354 millones de euros solo atendiendo a los nueve casos de distritos de salud pertenecientes a La Rioja, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid", dicen desde ASPE.
La aplicación transitoria de la ley prevista en la disposición primera hace una única distinción entre conciertos y concesiones. Ahí se señala que no se aplicará a los conciertos que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la ley, pero sí a las concesiones administrativas "que tengan por objeto la gestión y administración directa de las estructuras y servicios que integran el Sistema Nacional de Salud".