El número de afiliados a la Seguridad Social es, desde hace meses, superior a los niveles que presentaba en 2019, antes de la pandemia. El empleo crece tanto en el ámbito privado como en el público, pero lo cierto es que este último, en términos relativos, sufrió la crisis de muy diferente modo en comparación con el propio de las empresas privadas.
Las cifras de la EPA permiten hacer el balance con la necesaria perspectiva. Estos números evidencian que, desde el primer trimestre de 2019 hasta el inicio de 2022, la plantilla de las Administraciones acumula un avance del 7,9%. Ese porcentaje prácticamente cuadruplica el 2% que en idéntico periodo de tiempo mostró el sector privado.
En términos absolutos, los efectivos sumados del Estado las autonomías, el Estado y las corporaciones municipales pasaron de 3,21 millones en los tres primeros meses de 2019 hasta 3,46 millones en el arranque del presente ejercicio. En paralelo, en el caso de las empresas privadas, el aumento fue de 16,25 millones hasta los 16,61 que se reflejan en la encuesta de población activa más reciente.
Comparativa más adecuada
Resulta obvio que, en volumen, el total de trabajadores privados siempre será mucho más cuantioso que el propio de las instituciones. Por ello, a la hora de hacer una comparativa, resulta de mucha mayor utilidad el recurso a las variaciones porcentuales.
Desde este punto de vista, aunque los 254.000 trabajadores que han ganado las Administraciones quedan notablemente por debajo de los 360.000 sumados por el sector privado desde el primer trimestre de 2019, lo cierto es que, en porcentaje, la elevación es mucho mayor en el caso de ministerios, Gobiernos autonómicos y corporaciones locales.
De todos ellos, la aportación de las autonomías ha sido especialmente importante, ya que desde finales de 2021, sus efectivos se sitúan por encima de la barrera histórica de los dos millones de personas, contando funcionarios y personal contratado. Pero el Estado se ha apuntado a esta tendencia, en vísperas del año electoral que supondrá 2023, y lo ha hecho con decisión.
En 2021 ya se batieron los registros cuando la oferta de plazas se situó por encima de las 30.000 en ese ejercicio
No en vano el Consejo de Ministros especificó el mes pasado cuál será la cuantía de la ya conocida como "la mayor oferta de empleo público de la historia por parte de la Administración central" española, una cifra que ha sido capaz de batir todos los récords.
En concreto, serán 44.787 plazas en 2022, lo que implica que el Gobierno de Pedro Sánchez echará el resto este año, a una política que, en cinco años ha conseguido que el total de plazas ofertadas ronde las 155.000, más del doble (un 141% de incremento) con respecto a los 63.970 que acumuló el expresidente Mariano Rajoy en seis años.
Estos números tienen en cuenta la oferta de empleo anual de la Administración central en todas sus dimensiones. En otras palabras, se tienen en cuenta las plazas de nuevo ingreso, las propias de la promoción interna y las de estabilización del personal interino.
A ello hay que sumar las vacantes propias de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal de la Administración de Justicia, además de los relevos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de unas cifras, estas últimas, que ni Gobierno ni sindicatos concretaron cuando dieron a conocer las primeras líneas generales de la "nueva oferta histórica" de puestos de trabajo en la función pública.
Lo cierto es que en 2021 ya se batieron los registros cuando la oferta de plazas se situó por encima de las 30.000 en ese ejercicio, pero las fuentes sindicales consultadas aseguran que este tipo de políticas resulta necesario "para no descapitalizar el Estado". De acuerdo con los sindicatos, que con las cifras de la última década encima de la mesa, el impacto de la crisis económica supuso un freno en la renovación de los puestos funcionariales de la administración al menos hasta 2016, la penúltima oferta aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
