J.R. Pin Arboledas
Una semana con clases en la Universidad de Montevideo y su Business School (IEEM).
Una semana con clases en la Universidad de Montevideo y su Business School (IEEM).
Lo que se juega el 21-D no es si habrá o no independencia y república. Todos saben que no la habrá. Hasta Puigdemont insinúa ya otras soluciones para encajar Cataluña en España. Lo que se juega es cómo quedará el reparto del poder.
Montesquieu y su obra El espíritu de las leyes no han muerto en España. Asociaciones de jueces y abogados lo recuerdan. Según el filósofo y jurista francés el poder legislativo hace las leyes, el poder ejecutivo ejecuta dentro de ellas y el poder judicial las interpreta y aplica en los tribunales; debiendo cada poder ser independiente de los demás.
La ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, ha pasado sin pena ni gloria debido a las "vísperas catalanas". Inexplicable porque es importante y tan útil como discutible. Útil porque expresa el deseo de los grupos parlamentarios y el Gobierno de apoyar un sistema de trabajo que, según los expertos económicos, será importantísimo en el futuro.
¿Obedecerán los funcionarios de la Generalidad a las autoridades emanadas del artículo 155 si se aplica? Es una de las preguntas que se hacen los ciudadanos. Si el señor Puigdemont no endereza la situación y convoca elecciones renunciando a la DUI, puede poner a sus funcionarios ante el dilema de cumplir, o no, las decisiones del Gobierno emanadas de la aplicación del 155. Es una más de las trampas que el Govern se pone a sí mismo en la figura de sus empleados públicos.
En ocho meses cesa el gobernador del Banco de España (BdE). Todopoderoso en el pasado, ahora director de una especie de "sucursal" del Banco Central Europeo (BCE). La costumbre, rota por Zapatero, era que lo nombrase el Gobierno y al subgobernador la oposición, con expertos en finanzas y macroeconomía porque la política monetaria le correspondía.
Otra vez el Parlament de Cataluña ha sido secuestrado por una maniobra de los independentistas. Han sustituido una votación en el Pleno ordinario de ayer por la firma de un documento entre dos grupos parlamentarios. El artículo 4 de la no ley del referéndum, aprobada el mes pasado, contemplaba la declaración de independencia en base a los resultados del pseudo referéndum que se celebró el pasado día 1.
Nos costó mucho a los constituyentes del 78 construir el entramado institucional. Creímos que sería capaz de resistir los embates de los huracanes políticos que, de vez en cuando, amenazan nuestra convivencia. Resistió la tormenta de la extrema derecha. El golpe de Tejero se deshizo como un azucarillo en pocas horas. Bastó con la decisión de la Jefatura del Estado y el consenso de los ciudadanos y las fuerzas políticas.
La sensación es de tristeza. Cuando en 1977 fui elegido diputado al Congreso mi esperanza era que los políticos íbamos a resolver los problemas de la sociedad española. Construimos los cauces de diálogo para canalizar las tensiones por medio del acuerdo, que se llamó "el consenso". Fue un punto de acuerdo en el que todos cedimos en aras de la defensa de los derechos de todos, de las mayorías y las minorías y de la consecución de la convivencia. La consecuencia ha sido cuarenta años de progreso, paz y democracia, como nunca lo hubo en la historia de España.
Una de las consecuencias más pronosticadas sobre el 1-O es la convocatoria de elecciones autonómicas catalanas, negada el sábado por Puigdemont pero apuntada por los analistas. Aunque si los resultados fueran similares a los actuales cambiaría poco: los mismos protagonistas, salvo inhabilitaciones que de momento no se dan y que pueden sustituirse con herederos más radicales; la misma correlación de fuerzas en Cataluña e iguales planteamientos.